La Justicia estableció un plazo de 30 días para que las instituciones públicas y entidades vinculadas con la gestión del agua presenten un plan de acción orientado a enfrentar la contaminación del río Guadalquivir, en Tarija. La determinación surge tras una acción popular impulsada por el Abogado Anibal Rodriguez, quien busca que las instancias responsables adopten medidas concretas frente a la problemática ambiental.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, Rodriguez explicó que la resolución involucra al Gobierno Municipal de Tarija, la Gobernación, Cosaalt, la Oficina Técnica Nacional de los ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN), entre otras instituciones. Advirtió que el incumplimiento de las disposiciones judiciales podría derivar en acciones penales contra las instancias que no atiendan sus obligaciones.
El denunciante señaló que, de acuerdo con el último informe de resultados de la Contraloría, las instituciones involucradas habrían incumplido el 55% de las recomendaciones emitidas. Según los datos que presentó, el porcentaje sería del 77% en el caso de la Alcaldía de Tarija y del 87% en Cosaalt, situación que, a su criterio, refleja las dificultades para avanzar en la atención de los problemas ambientales del río.
Asimismo, manifestó su preocupación por los informes atribuidos a la OTN, que, según indicó, clasifican al río Guadalquivir en categoría “D”, considerada crítica, y advierten sobre elevadas concentraciones de metales pesados. Estos resultados, de acuerdo con Rodriguez, requieren medidas urgentes de prevención y control para reducir los riesgos ambientales y sanitarios.
Otro aspecto que genera alarma es el posible uso de aguas contaminadas para el riego agrícola. El abogado mencionó un informe de Sedegia que, según explicó, advierte sobre la captación de estas aguas mediante la obra de toma del sistema de riego Guadalquivir, Senavit y Calamuchita. Alertó que la situación podría afectar a extensas áreas de cultivo cuyos productos llegan al consumo de la población.
Rodriguez indicó que la acción popular fue presentada para exigir respuestas institucionales y destacó el respaldo recibido del parlamentario Corvera, de la Brigada Parlamentaria y del doctor Jesús Gira, en representación del Comité Cívico. Afirmó que la participación de estos sectores contribuyó al impulso de la demanda que derivó en la resolución judicial.
Finalmente, el denunciante informó que las instituciones tienen un plazo inicial de cinco días, que según señaló vence el jueves, para presentar la comisión correspondiente, mientras que el plan de acción deberá ser entregado en un máximo de 30 días. Advirtió que, si no se cumplen las disposiciones establecidas por la Justicia, las entidades involucradas podrían enfrentar acciones penales.
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