El alcalde de Tarija, Johnny Torres, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno nacional determine aplicar un estado de excepción para enfrentar los conflictos y bloqueos que persisten en distintas carreteras del país. La autoridad advirtió que una medida de esa magnitud podría incrementar la violencia y profundizar aún más la crisis social y política que actualmente afecta a Bolivia.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, Torres recordó antecedentes históricos relacionados con este tipo de disposiciones y mencionó que la última experiencia similar ocurrió durante el año 2000, cuando el entonces presidente Hugo Banzer decretó estado de sitio para intentar contener las movilizaciones sociales. Según explicó, aquella medida no pudo sostenerse por mucho tiempo debido a la complejidad de controlar extensas carreteras bloqueadas y la fuerte conflictividad existente en ese momento.
La autoridad municipal señaló que actualmente la situación presenta características similares, debido a la gran cantidad de puntos de bloqueo distribuidos en diferentes regiones del país. Torres cuestionó cómo podría hacerse cumplir un estado de excepción en cientos de kilómetros de rutas cerradas, considerando además que las movilizaciones continúan reorganizándose constantemente pese a los intentos de desbloqueo impulsados por el Gobierno nacional.
En ese sentido, hizo referencia a la denominada marcha de las banderas blancas promovida por sectores afines al Gobierno, indicando que mientras un punto era liberado, otros sectores volvían a bloquear las rutas intervenidas. Según relató, la situación llegó al extremo de que algunos grupos tuvieron que retornar por caminos alternos debido a que las carreteras nuevamente quedaban cerradas tras los operativos de desbloqueo.
Torres manifestó que la decisión sobre un posible estado de excepción corresponde exclusivamente al Gobierno nacional, aunque insistió en expresar públicamente su preocupación debido a que considera esta medida como el último recurso dentro de un conflicto que ya supera los 25 días. Afirmó además que el Ejecutivo debe evaluar cuidadosamente las consecuencias antes de asumir una determinación de esa naturaleza.
Finalmente, el alcalde sostuvo que el Gobierno necesita replantear su estrategia frente a las movilizaciones y analizar qué aspectos están fallando dentro del diálogo político y social. Según indicó, existe la percepción de que los mensajes y decisiones asumidas hasta el momento no están generando efecto en los sectores movilizados, razón por la cual considera urgente encontrar mecanismos más efectivos de consenso y solución pacífica al conflicto nacional.
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