Según datos del INE, el desempleo en Bolivia bajó a 5,9% al primer trimestre de este año, no obstante expertos afirman que otra cosa se ve en las calles, donde más del 80% de empleos son informales y precarios.
Por el Día del Trabajador, que se recuerda hoy primero de mayo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que el índice de desempleo al primer trimestre de 2022 cerró a 5,9%, por debajo del 8,7% del mismo periodo en 2021, lo que significa una reducción del 2,8%. Ese es el reporte oficial, pero “la realidad supera las estadísticas”, opinan empresarios privados, analistas y un informe del Cedla, que apuntan a que el desempleo y la informalidad crecieron a la par del contrabando.
El reporte estatal señala que “la desocupación continúa bajando, según los últimos resultados de la ECE (Encuesta Continua de Trabajo) y se encuentra entre los más bajos de la región”, titula el informe del INE que da cuenta que la tasa de desocupación urbana de la población de 14 años o más edad bajó al 5,9%, lo que significa una reducción del 2,8% respecto al 8,7% a similar periodo en 2021”.
Realidad supera cifras
Antes de la pandemia, Daniel Chambi trabajaba en una empresa de limpieza, pero quedó desempleado porque fue despedido junto a otros compañeros, ahora el padre de familia vende artículos de plásticos en la Feria 16 de Julio. Afortunadamente tiene un empleo informal, pero que dista mucho del trabajo formal antes de la pandemia con todas las obligaciones laborales.
“Una cosa es que tengas un empleo vendiendo golosinas, comida o lo que sea, pero otra cosa es que tengas un trabajo de formal”, aclaró Fernando Romero, analista económico.
Agregó que si bien el Gobierno afirma que bajó el número de desempleados, otra cosa se ve en las calles. “La realidad supera las estadísticas, porque más del 80% de la población se dedica a empleos informales, no ganan el salario mínimo nacional, tiene un autoempleo y algunos se dedican ahora al contrabando”.
El estudio “Pobreza multidimensional y efectos de la crisis de la pandemia Covid-19 en Bolivia”, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, revela que el coronavirus, que apareció en marzo de 2020, provocó “el deterioro de ingresos y el aumento del desempleo que bordea el 12%. Muchos empleos tienen alta precariedad y más mujeres perdieron sus empleos”.
Añade que antes de la covid, 62% de la población era pobre y a fines de 2020, siete de cada 10 estaban en esa misma condición.
Empresarios
Ante esa realidad, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, Marcelo Américo Romero, considera que el desempleo está muy lejos del 5,9 % que indica el INE y que “bordea entre el 15 y 16%”.
“Incluso me quedo pequeño con ese porcentaje. En Tarija de cada 10 tarijeños seis son desempleados y de eso seis, tres se dedican ahora al contrabando”, sostuvo el empresario privado.
La situación en ese departamento es más que grave, porque Tarija viene de una recesión desde 2016 por la caída de los precios de los hidrocarburos.
“Todo esto ha golpeado al micro, al pequeño y al mediano empresario (Mypes)”, complementó.
En los próximos meses, el panorama puede ser más sombrío, opinó Romero, después del anuncio del incremento salarial del 3% al haber básico y 4% al salario mínimo. “Cerca al 90% son Mypes familiares que estaban tratando de salir adelante, pero que ahora pueden verse obligados a reducir personal”.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Pablo Camacho, considera que junto al Gobierno deben trabajar para garantizar empleos de calidad para los 150 mil jóvenes que cada año se suman al mercado laboral. “A la pandemia debemos sumar la crisis internacional que encareció el precio del trigo, el maíz y el transporte de carga internacional”, recordó.
El analista Fernando Romero sostiene que se debe incorporar al sector privado en las negociaciones laborales y además tomar en cuenta el crecimiento económico de cada región. “No se puede comparar la economía de Tarija con Santa Cruz o La Paz”.
Hoy el presidente Luis Arce hará el anuncio del incremento salarial, pero es probable que anticipe algo sobre un proyecto de ley para obligar a las empresas a restituir a trabajadores sin apelación. “Si se hace realidad aquello, el sector privado y empleo formal pueden estar en riesgo”, advirtió el analista.
Pagina Siete
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