Después de que la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ratificó su informe de las elecciones de 2019, el Gobierno, mediante la Cancillería, reivindicó a la pericia española que encargó la Fiscalía sobre el caso fraude electoral y advirtió a Luis Almagro que no permitirá “acciones desestabilizadoras”.
“Se ratifica la validez e importancia del peritaje requerido por la Fiscalía General del Estado a la Universidad de Salamanca, realizado dentro de un proceso judicial que soberanamente lleva adelante el Estado boliviano en el marco de su legislación, de carácter controversial, abierto a todo medio probatorio, que resguarda los derechos y garantías entre las partes y que no es cuestionable bajo ningún argumento del Señor Almagro”, dice el pronunciamiento de la Cancillería.
El comunicado de la OEA ratificó el informe que identifica una “manipulación dolosa” en las elecciones 2019 y, además, detalló las “profundas deficiencias” en la pericia informática que realizó el grupo de investigación español para la Fiscalía, como su alcance y el hecho de que fue realizada a distancia por un equipo que no tiene experiencia en el ámbito electoral.
Además, la OEA recordó que para la auditoría realizada en 2019 se firmó un acuerdo y que su resultado es vinculante, por lo cual instó a que Bolivia honre ese pacto.
La Cancillería aseveró que la auditoría de la OEA “fue realizada sin cumplir con el acuerdo suscrito con el Estado boliviano y terminó siendo un proceso unilateral y parcializado con conclusiones erróneas y forzadas”.
“El Estado boliviano firmó de buena fe un acuerdo con la OEA, y lo cumplió a cabalidad hasta que Luis Almagro lo violentó haciendo declaraciones unilaterales sobre resultados, sin que haya concluido la auditoría electoral e incumpliendo con el procedimiento previsto en dicho acuerdo, expidiendo un informe preliminar no contemplado y habiendo forzado gravemente la verdad para producir un quiebre constitucional en el país, el cual produjo la lamentable pérdida de decenas de vidas humanas”, afirma el pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Consideró que las declaraciones de Almagro constituyen un acto de injerencia en asuntos internos en la administración de justicia de Bolivia, puesto que se cuestiona un proceso de investigación penal que no está concluida.
“Por ello, el Estado boliviano rechaza este tipo de afirmaciones señalando que es un Estado democrático en todo su accionar y las palabras y agresiones del señor Almagro en su comunicado parecen más bien estar dirigidas otra vez a coordinar procesos de desestabilización en Bolivia. Se le advierte que no se permitirá un nuevo intento de acciones desestabilizadoras y se pone en alerta a la comunidad internacional”, agrega.
Denunció que las palabras de Almagro no son objetivas y que el Secretario General muestra “una conducta parcializada y malintencionada” con “intereses mezquinos y sectarios, sin el consentimiento y por encima de los países que integran la organización regional”.
La Cancillería anunció que denunciará la conducta de Almagro “ante instancias pertinentes de la organización, sin perjuicio de las responsabilidades personales que puedan establecerse por la gravedad de los hechos”.
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