El proyecto de Ley 358/2022-2023 sobre «uso, control y funcionamiento técnico del dispositivo electrónico de vigilancia» fue presentado por el presidente Luis Arce el 20 de abril y remitido a la Cámara de Diputados el 26 de abril.
Esta iniciativa tiene como objetivo regular el uso de tobilleras o manillas electrónicas como medida de protección especial para víctimas de violencia cuando su vida esté en riesgo, así como medida cautelar de carácter personal.
La fundamentación del proyecto destaca que, hasta enero de este año, el número de personas privadas de libertad, ya sea recluidas sin determinación de culpabilidad o inocencia en detención preventiva o sentenciada, alcanzó aproximadamente a 24.913. De este total, 8.553 (34.33%) cuentan con sentencia y 16.360 (65.67%) son detenidos preventivos.
El ámbito de aplicación de esta medida es evitar que la víctima de violencia entre en contacto con su agresor, y también podría ser utilizada como medida cautelar de carácter personal. Se prevé que la medida se aplique durante un período de seis meses, de acuerdo con el procedimiento legal establecido por la autoridad jurisdiccional.
Es importante destacar que este proyecto está diseñado únicamente para las personas víctimas de violencia y no se aplicará como sustituto de la detención preventiva en casos relacionados con delitos específicos, tales como aquellos en los que la Constitución Política del Estado establece la imprescriptibilidad, delitos de feminicidio, infanticidio, parricidio, asesinato, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, secuestro, violación, violación de infante, niña, niño o adolescente, delitos de legitimación de ganancias ilícitas, terrorismo y financiamiento al terrorismo, delitos contemplados en la Ley N° 1008, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, con excepción de mujeres embarazadas o con hijos menores de seis años, mujeres con hijas o hijos con discapacidad grave o muy grave, delitos de tenencia, porte o portación y uso de armas convencionales y tráfico ilícito de armas, y delitos cuya víctima sea niña, niño o adolescente, adulto mayor o persona con discapacidad.
El documento al que tuvo acceso la ANF establece que la Policía Boliviana será la encargada del rastreo, llevando un registro con la asignación de turnos. Se prevé que las manillas serán financiadas por el Ministerio de Gobierno y a través de donaciones internas.
El proyecto de ley consta de 25 artículos, siete disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y dos disposiciones finales.
Agencias
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