El Gobierno, a través de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, reafirmó su compromiso de pagar un precio justo por los 5.600 quintales de arroz procesado y los más de 40.000 quintales de arroz con cáscara decomisados recientemente en intervenciones a ingenios arroceros. Estos productos serán distribuidos mediante la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) con el objetivo de garantizar el acceso de las familias bolivianas a este insumo básico.
“Este arroz será repartido, como demanda el pueblo. Les hemos dicho: ‘Señores, vamos a comprarles ese arroz ocultado a un precio justo’. Posteriormente, lo venderemos a las familias bolivianas también a un precio justo”, declaró Prada en conferencia de prensa.
Las medidas del Gobierno han generado malestar en el sector arrocero. Jimmy Prado, presidente de la Asociación de Ingenios Arroceros (Ingenor), negó que se hubiera decomisado arroz de su empresa y advirtió que podrían iniciarse movilizaciones si continúan las intervenciones. Además, expresó su desconcierto por la ausencia de acuerdos formales respecto al precio de compra. “En reuniones nos informaron que pagarían un precio justo, pero no se formalizó ningún compromiso. La intervención de la Fiscalía nos sorprendió, ya que se basa en una denuncia de supuesto ocultamiento”, sostuvo Prado.
El Gobierno justificó estas acciones en el marco del artículo 71 del Código Penal, que permite el decomiso de productos en situaciones irregulares. Según fuentes oficiales, se solicitó la aplicación de medidas cautelares y el decomiso tras un fallo judicial que avaló dichas intervenciones.
