El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha emitido un informe sobre el caso de Luis Fernando Camacho en Bolivia, sin embargo, el Gobierno ya anticipó su rechazo y anunció que pedirá su revisión.
La petición de Camacho fue presentada en 2022 y el Estado respondió en 2023. El informe del caso fue notificado a la representación de Bolivia en Ginebra y contiene recomendaciones para el Estado boliviano respecto al caso de Camacho, reveló este jueves el ministro de Justicia, César Siles.
Si bien Siles no precisó las recomendaciones del informe, consideró que el reporte del Grupo de Trabajo es “sesgado” y “desactualizado” porque no tomaría en cuenta hechos recientes, como el avance del juicio denominado Golpe de Estado I.
El abogado del gobernador, Martín Camacho, indicó que ellos aún no fueron notificados con el informe y que lo esperan entre el viernes y el lunes.
Sin precisar el contenido del informe, el ministro Siles señaló que el Estado no está de acuerdo porque considera que se ha omitido mucha información. Dijo que incluso el reporte del Grupo de Trabajo es contradictorio con el dictamen de la CIDH a través del Grupo de Expertos Independientes.
“Esperemos que, con toda la información que no se ha considerado, cambie esta opinión, que puede hacerlo, puede cambiar la opinión, no es vinculante, no es obligatoria, es una opinión de un grupo de trabajo”, agregó.
Camacho fue detenido en diciembre de 2022. Entonces denunció vulneraciones a sus derechos, por ser capturado sin conocerse orden de aprehensión y en un operativo violento en Santa Cruz.
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