Ante reiteradas denuncias por prácticas irregulares en la pesca dentro del río Pilcomayo, la Gobernación del Departamento de Tarija ha emprendido acciones legales contra varios concesionarios que operan en este sector. El conflicto se centra en el uso de trampas ilegales que afectan directamente el ciclo natural de los peces, vulnerando derechos de las comunidades indígenas y atentando contra el ecosistema.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, el secretario de Medio Ambiente, Efraín Rivera, informó que se ha presentado una demanda formal ante la jurisdicción agroambiental contra cinco concesiones que operan en la zona. “Estamos respondiendo a las alertas emitidas por el Pueblo Guaraní del Iticaguasu, quienes observaron la instalación de estructuras que bloquean el flujo de peces río arriba, algo completamente prohibido”, declaró la autoridad.
Según detalló Rivera, las trampas fueron identificadas en ambas márgenes del río Pilcomayo, desde Villa Montes hasta el kilómetro 19, en una franja que concentra la mayor parte de actividad pesquera autorizada. Estas estructuras obstaculizan la llegada de especies hacia las zonas de desove, muchas de las cuales se encuentran próximas a comunidades indígenas que dependen de esta fuente para su alimentación.
La autoridad anunció que se realizará una inspección técnica en el lugar, acompañada por el juez agroambiental y representantes de sectores involucrados. “Todos los que hayan infringido la normativa serán sometidos al proceso correspondiente, sin excepciones”, advirtió Rivera.
Estas acciones se enmarcan en la normativa ambiental vigente, que prohíbe cualquier tipo de barrera que impida la migración natural de peces, especialmente durante los periodos de pesca autorizada. Rivera subrayó que estos hechos no solo violan los permisos de pesca, sino que también constituyen delitos contra la biodiversidad.
Actualmente, el Gobierno Departamental tiene registradas 63 concesiones habilitadas para la pesca comercial en el Pilcomayo. Si bien cuentan con autorización oficial, se recuerda que deben respetar estrictamente los lineamientos establecidos para garantizar la sostenibilidad de la actividad.
La Gobernación también llamó a las comunidades y organizaciones locales a mantenerse vigilantes y denunciar cualquier acto que represente un riesgo para el medio ambiente. “La protección del río Pilcomayo es una responsabilidad compartida entre las autoridades, los pueblos originarios y los pescadores”, afirmó Rivera.
Finalmente, se reiteró que el enfoque institucional busca proteger los recursos naturales sin afectar el sustento de quienes ejercen la pesca legalmente. No obstante, la permisividad frente a quienes incumplen las reglas no será tolerada. “No podemos permitir que unos pocos pongan en peligro el equilibrio del ecosistema ni los derechos de las comunidades”, concluyó el secretario.
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