
La tensión en torno a la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija (COSAALT) continúa en aumento, tras la reciente aparición de supuestos chats que vincularían a exautoridades con actos de sabotaje interno. La polémica ha derivado en reacciones públicas que intentan desmentir esas versiones y exigir transparencia.
En entrevista con el periódico digital El Guadalupano, el exgerente de COSAALT, José Luis Patiño, negó categóricamente haber participado en cualquier intento de daño institucional y afirmó que las conversaciones filtradas no le pertenecen. “Yo no he escrito esos mensajes, y pongo mi teléfono a disposición de la justicia para que se investigue todo”, expresó.
Patiño lamentó que este tipo de acusaciones busquen desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta la cooperativa. “Lo más grave es que una banda delictiva ha tomado el control de COSAALT y ahora intentan culpar a otros para tapar sus actos”, denunció.
El exfuncionario aseguró que su gestión siempre estuvo enmarcada en la legalidad y que cuenta con respaldo documental para sustentar cada una de sus acciones. “Tengo la conciencia tranquila, trabajé por la institución, y no voy a permitir que manchen mi nombre”, agregó.
Asimismo, pidió al Ministerio Público que actúe con imparcialidad y convoque a peritajes técnicos para confirmar o descartar la autenticidad de los supuestos mensajes atribuidos a él. “Si se va a investigar, que se haga con pruebas, no con rumores filtrados por redes sociales”, indicó.
Patiño también solicitó a la actual administración de COSAALT esclarecer el manejo interno que ha generado esta crisis, advirtiendo que los conflictos están perjudicando el servicio a los usuarios. “La gente merece agua, no escándalos políticos ni disputas personales”, subrayó.
El exgerente hizo un llamado a la calma y al respeto institucional, pidiendo que las diferencias se resuelvan dentro del marco legal y no mediante campañas de desprestigio. “Defenderé mi integridad y la verdad, caiga quien caiga”, finalizó.
Mientras tanto, se espera que las autoridades judiciales anuncien las medidas que tomarán para determinar si existe responsabilidad penal en los hechos denunciados o si, por el contrario, se trata de una difamación sin sustento.
