El Gobierno denunció pérdidas millonarias por la operación de vuelos con baja ocupación y sin sustento técnico. El caso ya fue remitido al Ministerio Público por presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que seis exautoridades fueron denunciadas por ocasionar un daño económico superior a 18 millones de bolivianos al Estado, vinculado a la operación de la ruta aérea Santa Cruz–La Habana, que —según afirmó— respondió a una decisión de carácter político y no técnico.
“Son seis exautoridades que están siendo convocadas; las diligencias están a cargo de la Policía bajo dirección del Ministerio Público”, indicó. Entre los citados figura el exministro Edgar Montaño, además de un exgerente y cuatro exdirectores de BoA. No descartó que la investigación se amplíe a otros niveles. “Esto puede alcanzar a personal ejecutivo, técnico e incluso instancias superiores y presidenciales”, advirtió.
Los delitos investigados son conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. El caso ya fue admitido por la Fiscalía y se encuentra en etapa de notificaciones.
“Estos 18 millones de bolivianos son consecuencia directa de una mala administración de los recursos públicos”, sostuvo la autoridad, al detallar los resultados de la investigación realizada junto al Ministerio de Obras Públicas.
De acuerdo con el informe, la ruta operada por Boliviana de Aviación (BoA) estuvo activa entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, generando pérdidas acumuladas de al menos 14 millones de bolivianos debido a su baja ocupación. “Se utilizó una aeronave Boeing 737 con capacidad para 168 pasajeros, pero los vuelos no justificaron su operación”, explicó García.
Entre los ejemplos citados, mencionó que el 30 de noviembre de 2023 un vuelo partió con 17 pasajeros, mientras que el 26 de septiembre de 2024 despegó con apenas 11. “Es decir, más de 150 asientos vacíos que generaban pérdidas en cada operación”, enfatizó, al señalar que cada vuelo implicaba un perjuicio superior a 25.000 dólares.
El viceministro también observó que la ruta carecía de respaldo técnico. “No existió un informe de viabilidad técnica ni financiera que justifique su rentabilidad”, afirmó. Añadió que incluso dentro de la propia empresa se reconocía el problema: “BoA informó que debía recurrir a otras rutas para subvencionar los vuelos a La Habana que iban prácticamente vacíos”.
Uno de los elementos más cuestionados es el origen de la decisión. Según García, un informe interno revela que la apertura de la ruta respondió a un mandato político. “El inicio de operaciones se encuentra planificado de acuerdo al compromiso presidencial, es decir que por encima de cualquier razón técnica o financiera primó un compromiso político”, aseguró.
A las pérdidas operativas se suma un perjuicio adicional por el manejo de divisas. El viceministro indicó que BoA realizó pagos en efectivo en moneda extranjera, recurriendo al mercado paralelo. “Se compraban dólares a 17,5 bolivianos, se pagaba un 10% de comisión a intermediarios y se trasladaba el dinero físicamente a La Habana”, detalló. Esta práctica generó un daño adicional superior a 4 millones de bolivianos y, según la autoridad, vulneró protocolos internacionales de seguridad.
“Se llevaron en efectivo más de 11,8 millones de bolivianos convertidos en divisas, lo que expuso riesgos y posibles hechos de corrupción”, advirtió.
Mientras se sostenían vuelos internacionales deficitarios, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) registraba más de 33.000 denuncias por retrasos y falta de aeronaves en rutas nacionales.
El Gobierno sostiene que la apertura de la ruta a La Habana es un ejemplo de uso ineficiente de recursos públicos, impulsado por criterios ajenos a la sostenibilidad económica.
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