El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) puso punto final a las posibilidades de realizar elecciones judiciales de manera íntegra en todo el país y no de forma parcial, al declarar improcedente las solicitudes presentadas, por separado, por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y un candidato.
El próximo 15 de diciembre, 7,3 millones de personas participarán en las justas judiciales para votar por las altas autoridades del TCP y del Órgano Judicial. Sin embargo, sólo podrán elegir a cuatro para nueve cargos en el TCP y a siete para nueve plazas en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El resto seguirá ocupado por los magistrados denominados “autoprorrogados”, señalaron los analistas.
El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, y el candidato a magistrado Fernando Escobar Pacheco, cuestionaron la sentencia 0770/2024 del TCP que suspendió las elecciones judiciales en cinco departamentos: Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
El vocal electoral Tahuichi Tahuichi calificó como “un funesto precedente” la decisión del TCP de declarar improcedentes las solicitudes de avocación y unificación para que las elecciones judiciales se realicen de manera íntegra en todo el país, en lugar de forma parcial.
EL TSE cumple con los últimos pasos del cronograma para dichos comicios, entre los que se incluye la impresión de las papeletas electorales.
Analistas ven riesgos
El analista político Paúl Coca advirtió que los cinco magistrados no sustituidos continuarán autoprorrogados, y tendrán al frente a cuatro que serán elegidos por voto popular.
Sin embargo, los primeros, de por sí, ya conforman mayoría, y ya tienen la decisión del Tribunal en pleno. “Es decir, que los cuatro elegidos por voto pueden tener una participación simbólica, frente a los autoprorrogados que son mayoría, y generarse mayor crisis institucional a la ya existente. La Ley N° 027, del 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional, establece que la Sala Plena del TCP emitirá sus decisiones por mayoría absoluta de votos (no por 2/3), aspecto establecido en su artículo 29”, dijo.
Aseguró que de por sí es una elección atípica, ya que el TSE otorgará a los votantes las papeletas electorales completas, para una elección incompleta, es decir, que todo ya está impreso, pero existirá un voto no válido para los votantes, y es el que corresponde a los inhabilitados por el TCP.
“Definitivamente, el TCP ha hecho de las suyas, y esto de elecciones parciales, además que la Constitución Política del Estado no lo contempla ni estipula, es un pésimo precedente en todo sentido”, sostuvo.
Erogación de recursos
La analista política Carolina Orias aseveró que operativamente no se producirán problemas, porque existe la logística. El problema son los recursos financieros que se están erogando. “Toda la organización de este proceso eleccionario significa un gasto muy grande para el Estado y la misma erogación de recursos se va a tener que hacer para realizar las elecciones en otro momento, en los lugares donde se realizarán las elecciones de manera parcial. Incluso se debe considerar el gasto que representará realizar nuevamente un proceso de preselección en la Asamblea”, advirtió.
“Los magistrados que firmaron la Sentencia Constitucional, justo son de Pando y Beni, dos de los departamentos que serán parte de las elecciones para el TCP. Y se están autoprorrogando. Incluso fueron candidatos en el proceso de preselección que ellos mismos están anulando”, enfatizó.
Elecciones singulares
Para el abogado y analista político Daniel Valverde, estas serán unas elecciones muy suigéneris, que se han caracterizado y caracterizarán por su debilidad, porque han estado permanentemente “asediadas, manoseadas” o por la Asamblea Legislativa o por el TCP y por los mismos postulantes.
En condiciones normales, el día de las Elecciones Judiciales se tendría que elegir a 52 magistrados que serían parte del Órgano Judicial y TCP. Para el Tribunal Agroambiental y para el Consejo de la Magistratura se elegirán a cinco titulares y cinco suplentes y para el de la segundo tres titulares y tres suplentes
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