En medio de un juicio político por acusaciones de malversación de fondos, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, recurre a la «muerte cruzada» un mecanismo constitucional que le permite disolver la Asamblea Nacional si cree que obstaculiza su capacidad para gobernar.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este miércoles la disolución de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y solicitó la convocatoria de nuevas elecciones.
Esta decisión, utilizando un mecanismo constitucional conocido como «muerte cruzada», se produce en medio del juicio político iniciado en su contra por acusaciones de malversación de fondos públicos, algo que Lasso ha negado y calificado como una maniobra política para desbancarlo.
La «muerte cruzada» es un mecanismo constitucional que permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional si considera que está obstaculizando su capacidad para gobernar.
Al hacerlo, sin embargo, también debe llamar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales en seis meses, en las que se arriesga a perder el poder.
De ahí viene el término «muerte cruzada», ya que tanto el presidente como la Asamblea Nacional perderían sus atribuciones.
«Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones», dijo Lasso en el anuncio.
Es la primera vez que se aplica la «muerte cruzada» desde su introducción en la Constitución en 2008 bajo el gobierno de Rafael Correa.
¿Qué sucede ahora?
Lasso permanecerá su cargo, gobernando por decreto, mientras las autoridades electorales fijan la fecha de las elecciones.
El tribunal electoral de Ecuador debe decidir la fecha de las nuevas elecciones dentro de los siete días posteriores a la disolución de la Asamblea Nacional.
¿De qué se acusa al presidente Lasso?
La maniobra de Lasso se produce un día después de defenderse en un juicio político en su contra.
El presidente niega que haya tenido conocimiento de una supuesta malversación de fondos públicos de funcionarios que habrían otorgado de forma fraudulenta varios contratos de transporte de petróleo, el principal activo de Ecuador.
Lasso sostiene que esos contratos se firmaron durante el anterior gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) y que su administración solicitó a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) una revisión de los mismos.
El mandatario exhibió el informe de la Comisión de Fiscalización -rechazado por el parlamento- que recomienda desechar el juicio político por falta de pruebas y alegó que este proceso es una maniobra política malintencionada para desbancarlo.
Lasso se enfrentaba a una posible destitución si la Asamblea, dominada por la oposición, conseguía una mayoría suficiente de más de dos tercios de la Cámara, es decir, al menos 92 del total de 137 asambleístas.
El Deber
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