En una acción decisiva para frenar la judicialización de los procesos electorales, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, estrenó el “blindaje” legal y constitucional suscrito con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para garantizar las elecciones subnacionales.
En ese contexto, la aprehensión y posterior liberación del juez Michael Quiroga, del municipio de Cuatro Cañadas, Santa Cruz, representa para el ente electoral la consolidación del “blindaje” jurídico, que fue plasmado en un acuerdo de 11 puntos con el TSJ.
También, para el TSE, este hecho significa un precedente de defensa del principio de preclusión, al enviar un mensaje claro de que no se permitirá que jueces sin competencia territorial o temática alteren el calendario electoral mediante el uso de recursos constitucionales.
A raíz de la denuncia presentada por Ávila, el Ministerio Público investiga a Quiroga por la presunta comisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y la admisión de un recurso que afectaba el principio de preclusión electoral por el caso de Acción Democrática Nacionalista (ADN), que buscaba restituir su personería jurídica luego de perderla en los comicios generales. Quiroga también será investigado por presunto prevaricato, debido a que habría ignorado deliberadamente la falta de competencia territorial y electoral.
En un reciente discurso, Ávila aseguró con contundencia que “el sistema democrático no será rehén de intereses particulares”. “La ciudadanía espera de nosotros certezas, no conflictos; seguridad jurídica, no contradicciones.
Los Órganos del Estado no actuarán bajo ningún tipo de presión ni descalificación”, sentenció Ávila al enviar un mensaje directo a quienes intentan judicializar el proceso electoral para revertir la inhabilitación de candidatos u organizaciones.
Logro
El presidente del ente electoral destacó que el “blindaje” es fruto de una coordinación estrecha con el sistema de justicia para garantizar el principio de preclusión. Este pacto asegura que ninguna decisión judicial posterior pueda alterar o retrasar las etapas ya vencidas del calendario electoral a fin de proteger la estabilidad de los comicios de marzo de 2026.
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