La senadora Marcela Guerrero expresó su preocupación por el incremento considerable en el precio de la urea, situación que según indicó está generando malestar en las comunidades campesinas debido al impacto directo que tiene sobre la producción agrícola. La legisladora señaló que cualquier medida que se asuma deberá ser previamente consensuada con el sector campesino para evitar conflictos y posibles estados de emergencia en el área rural.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, Guerrero explicó que el quintal de urea pasó de costar 140 a 340 bolivianos, afectando seriamente a los productores del campo. “La urea es un elemento principal para el tema de la producción en el área rural y no queremos llegar a un estado de emergencia”, manifestó, remarcando que hasta ahora no existen justificativos claros sobre el incremento registrado.
La parlamentaria indicó que una de las explicaciones brindadas estaría relacionada con una hoja de costos y también con el proceso de exportación del producto, aunque aseguró que las comunidades campesinas merecen conocer con claridad qué está ocurriendo con este insumo considerado fundamental para el aparato productivo rural. “Cuando se apoyó este proyecto era para que coadyuve como política pública directa al aparato productivo del área rural”, sostuvo.
Asimismo, Guerrero señaló que hablar de subvenciones en este momento sería “irresponsable”, pero afirmó que debe existir una política basada en una relación de costo-beneficio justa para los productores. En ese sentido, afirmó que lo prioritario es garantizar el abastecimiento suficiente de urea y evitar la escasez que termina provocando especulación en las agroquímicas y comercios dedicados a la distribución.
La senadora recordó además que anteriormente la Federación de Campesinos realizaba venta directa de urea y planteó la posibilidad de retomar ese tipo de mecanismos para reducir los costos de intermediación. También cuestionó la falta de controles sobre el precio de los agroquímicos y pidió la intervención de instituciones como SENASAG, la Intendencia y Defensa del Consumidor.
Finalmente, Marcela Guerrero reveló que varias comunidades campesinas solicitaron impulsar un proyecto de ley nacional que permita reducir la carga impositiva sobre agroquímicos importados desde Argentina, Brasil y Chile, con el objetivo de abaratar costos de producción. Según indicó, actualmente producir en el campo resulta cada vez más complicado y esa situación estaría provocando una fuerte migración rural y la venta de tierras por parte de muchos productores.
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