El gobierno de Estados Unidos compartió este miércoles las preocupaciones del relator para la independencia judicial de la ONU, Diego García-Sayán, y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en relación a las observaciones del debido proceso en el juicio a la expresidenta Jeanine Áñez.
«Compartimos las preocupaciones de @UNIndepJudges y @UNHumanRights respecto al debido proceso en el juicio de la ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez. Las reformas judiciales recomendadas por la @ONU y #GIEI abordarían la preocupante y persistente politización judicial», manifestó el embajador Brian Nichols, Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El pasado 17 de junio, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) identificó seis «observaciones preliminares» en el juicio a la expresidenta Jeanine Áñez y otros ocho acusados, y que tuvieron un «efecto en el debido proceso».
La Misión ha centrado su observación en el debido proceso y en la transparencia de los procedimientos judiciales con base en los estándares internacionales, así como la jurisprudencia internacional, incluso los Tratados de Derechos Humanos ratificados por el Estado boliviano, dice el documento.
Observó a aplicación del delito de incumplimiento de deberes pese a ser ambiguo y amplio, el uso excesivo de la detención preventiva, la restricción a la presencialidad física de personas acusadas en su propio juicio exige condiciones más estrictas con vistas a garantizar plenamente sus derechos.
El informe recomendó que los juicios en rebeldía o en ausencia deben evitarse, la decisión del Tribunal de Sentencia de no exigir la comparecencia de testigos afectó a todas las partes en sus derechos procesales y la participación de numerosas partes acusadoras «afectó el equilibrio procesal».
Por su parte, el relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Diego García-Sayán, en el plenario de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, presentó su informe sobre el estado de la justicia en Bolivia, en el que apuntó a la justicia dependiente del poder político, patrones que favorecen a la corrupción e ineficiencia, además de observaciones en el proceso a la exmandataria Jeanine Áñez.
Resaltó que existe un rezago procesal en la jurisdicción ordinaria y su cobertura se limita esencialmente a áreas urbanas. La retardación de justicia se debe a códigos procesales demasiado formalistas, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, así como corrupción.
«La injerencia política, así como la presión de agentes no estatales, sumadas a las bajas remuneraciones, abren la puerta a la corrupción», dice una de las 10 observaciones respecto a los resultados de su visita a Bolivia.
La posición de Estados Unidos se suma a los pronunciamientos que han expresado por ejemplo la Unión Europea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido, la Human Rights Watch, que han mostrado su preocupación tras el informe preliminar de la Oacnudh.
El Portavoz del Alto Representante de la Unión Europea (UE) emitió un comunicado el 19 de junio sobre la sentencia contra la expresidenta interina en el que destaca las observaciones que realizó la Misión Técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
«Estos hallazgos son sintomáticos de las deficiencias estructurales del sistema de justicia boliviano, tal y como denunció el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, en mayo de 2022, así como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuyas recomendaciones el gobierno se comprometió a aplicar», indicó la UE.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido también expresó este martes su preocupación por la forma en que se desarrolló el juicio ordinario contra Añez, por el denominado caso «golpe de Estado II» y la intervención del poder político en el proceso.
«Compartimos las preocupaciones procedimentales señaladas por la Oacnudh respecto a la forma en que se condujo este juicio. También compartimos las preocupaciones del Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, sobre la posible intervención política en el proceso judicial», señaló en el breve comunicado.
Cesar Muñoz, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch, se adhirió al informe de la Misión Técnica de la Oacnudh que refleja observaciones al debido proceso en el juicio del Estado boliviano contra la exmandataria.
«La Oacnudh ha realizado una labor muy importante al acompañar como observadores independientes el proceso judicial contra la expresidenta interina Jeanine Áñez. Compartimos sus preocupaciones sobre cómo se condujo el proceso», indicó Muñoz a través de su cuenta en la red social Twitter.
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