Una reciente resolución emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha determinado que el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) de Tarija debe ser restituido, tanto en su estructura institucional como en la reincorporación de sus trabajadores. Esta medida abre nuevamente el debate sobre las decisiones asumidas por autoridades departamentales respecto a entidades clave para el desarrollo regional.
En conversación con El Guadalupano Periódico Digital, el diputado Edwin Rosas lamentó que el gobernador Óscar Montes haya actuado sin tomar en cuenta las recomendaciones de su entorno técnico y jurídico al momento de clausurar la mencionada entidad. “Varios le advirtieron que no proceda con esa medida, pero prefirió hacer caso omiso”, manifestó.
Según el legislador, el perjuicio causado por esta acción supera los 10 millones de bolivianos, monto destinado al pago de sueldos devengados y otros compromisos laborales derivados de la disolución del Sedeca. “Este gasto sale del bolsillo de los tarijeños, cuando no deberían ser ellos quienes carguen con los errores de una mala gestión”, advirtió.
Rosas fue enfático en que las consecuencias económicas no pueden recaer sobre la población. A su juicio, es el propio gobernador quien debería asumir la reparación del daño causado. “Si fue un capricho personal, entonces que sea él quien reponga el dinero. Las autoridades no están para improvisar”, criticó.
Asimismo, consideró que este caso debe sentar un precedente para que decisiones administrativas sean asumidas con responsabilidad, y no por intereses políticos ni personales. “No podemos seguir permitiendo que la institucionalidad sea vulnerada por cálculos erróneos. La ley ahora le está corrigiendo”, remarcó.
El parlamentario pidió también que se investiguen las consecuencias jurídicas de la medida, para establecer si hubo negligencia o incumplimiento de deberes. “Cuando el Tribunal Constitucional ordena revertir una decisión de esta magnitud, es porque claramente hubo vulneraciones”, explicó.
Rosas solicitó que se conforme una comisión de fiscalización en la Asamblea Legislativa Departamental para evaluar el proceso de cierre y sus implicancias. “No se trata solo de volver a abrir una oficina, se trata de recuperar una institución técnica que era fundamental para el mantenimiento vial en Tarija”, sostuvo.
Finalmente, recordó que muchas de las rutas del departamento quedaron desatendidas tras la eliminación del Sedeca, lo que afectó el tránsito y la economía de varias regiones rurales. “Este tipo de decisiones tienen impacto real en la vida de las personas. Hoy el TCP ha hablado, ahora le toca responder a quienes actuaron de espaldas a la razón”, concluyó.
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