El debate electoral sigue pendiente en la agenda pública boliviana, pese a la cercanía de los comicios generales y la urgencia de transparentar las propuestas que tienen los candidatos para enfrentar la crítica situación económica y social del país.
En conversación con El Guadalupano Periódico Digital, el diputado por Comunidad Ciudadana, Edwin Rosas, manifestó su preocupación por la demora del Senado en abordar el proyecto de ley que obligaría a los aspirantes a la presidencia y vicepresidencia a participar en debates públicos y televisados.
Recordó que esta norma fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 27 de marzo, como una modificación a la Ley 026 del Régimen Electoral, estableciendo la obligatoriedad de estos espacios de discusión, organizados o avalados por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y transmitidos a nivel nacional.
“Bolivia necesita escuchar directamente de los propios candidatos cómo planean enfrentar la grave crisis que vivimos. No podemos seguir eligiendo solo por marketing o redes sociales”, afirmó Rosas, al insistir en la urgencia de que los electores tengan acceso a debates claros y comparativos.
Asimismo, el legislador cuestionó la falta de voluntad política de algunos senadores para priorizar esta iniciativa. A su juicio, se trata de un paso esencial para garantizar el voto informado y combatir el descrédito hacia las instituciones democráticas.
Rosas sostuvo que el debate entre presidenciables no debe ser una opción discrecional ni un show superficial, sino un ejercicio serio que permita conocer con detalle los planes de gobierno, su viabilidad y el nivel de conocimiento que tienen sobre la realidad del país.
Advirtió que sin esta herramienta, los ciudadanos enfrentarán nuevamente una campaña plagada de spots, slogans y descalificaciones, sin espacios concretos para medir la preparación técnica de quienes aspiran a gobernar Bolivia en los próximos años.
Por último, hizo un llamado al Senado para que “despierte y escuche al pueblo”, remarcando que solo con debates obligatorios se podrá exigir verdadera rendición de cuentas y contrastar ideas de manera directa.
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