La discusión sobre la denominada ley antibloqueos continúa generando tensión política y debate nacional, mientras el proyecto todavía permanece pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados antes de llegar al Senado. En medio de las movilizaciones y conflictos sociales que atraviesa el país, diferentes actores políticos comenzaron a fijar posición sobre una normativa que busca establecer sanciones contra quienes promuevan bloqueos y medidas de presión que afecten la circulación y la economía nacional.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, el senador por Tarija de Alianza Unidad, César Mentasti, afirmó que la propuesta legislativa está siendo observada con atención por distintos sectores del país debido a las implicaciones políticas y sociales que podría generar. Explicó que hasta el momento el proyecto aún no fue remitido al Senado porque continúa pendiente de aprobación en Diputados, aunque advirtió que ya existen presiones y advertencias para impedir su avance legislativo.
El parlamentario sostuvo que algunas movilizaciones nacionales incorporaron entre sus demandas el rechazo a la ley antibloqueos, situación que —según indicó— evidencia la fuerte confrontación política alrededor de la propuesta. Mentasti diferenció además a los sectores que considera legítimos en sus reivindicaciones de otros grupos que, a su criterio, tendrían intereses políticos infiltrados dentro de determinadas protestas sociales que actualmente se desarrollan en el país.
Asimismo, señaló que dentro de las alternativas analizadas también se encuentra una propuesta orientada a aplicar sanciones administrativas contra personas identificadas participando en bloqueos. Explicó que dichas medidas podrían restringir ciertos trámites administrativos y operaciones mientras duren las sanciones, aunque aclaró que el debate definitivo recién comenzará cuando el proyecto llegue formalmente al Senado Nacional.
Mentasti aseguró que más allá de la aprobación o rechazo de esta normativa, el verdadero problema estructural del país pasa por la necesidad de modificar el actual modelo político y administrativo del Estado. En ese contexto, reiteró su postura a favor de avanzar hacia un sistema federal que otorgue mayores competencias y autonomía de decisión a las regiones para resolver conflictos locales según las características y necesidades de cada departamento.
Finalmente, el senador ejemplificó las diferencias regionales mencionando el debate generado por la Ley 1720, indicando que mientras algunos departamentos exigen su abrogación, otros sectores consideran necesaria su continuidad. En ese sentido, afirmó que las decisiones nacionales no siempre reflejan la realidad de todas las regiones y remarcó que Tarija necesita mecanismos propios para definir políticas vinculadas a la producción, el acceso a créditos y el desarrollo económico del departamento.
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