Luego de la visita del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño a la ciudad de Trinidad para firmar un convenio con la Gobernación del Beni, la diputada opositora por Comunidad Ciudadana, Priscila Dantes, denunció que un “contubernio a cambio de prebendas” impulsa la construcción ilegal de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos pasando por el Tipnis.
Sostuvo que el ministro de Obras Públicas, en su visita del pasado 16 de febrero, dejó en claro sus coincidencias con la Gobernación para “entrarse al Tipnis sin realizar consulta previa a los pueblos indígenas a título que ya faltan 42 kilómetros para conectar Beni con el departamento de Cochabamba”.
Para la opositora, el capricho de construir la carretera responde a la intención de conseguir apoyo a cambio de prebendas, a partir del hecho de que algunos “dirigentes del Tipnis tienen puestos en la gobernación y otro falso indígena en la alcaldía de Trinidad” para expresar un supuesto apoyo de las comunidades indígenas.
Lamentó que la Gobernación “por una afinidad con el MAS y por unos cuantos centavos” asuma una actitud obsecuente, porque así haya sido abrogada la ley de intangibilidad, aún existen dos leyes: una sobre Áreas Protegidas y la que declara Territorio Indígena, que protegen al parque natural y obligan a buscar rutas alternas para conectarse con Cochabamba.
Explicó que la Sociedad de Ingenieros Civiles de Bolivia entregó tres propuestas y la Universidad Autónoma del Beni también entregó su proyecto, pero “la Gobernación del Beni repite el mismo libreto del gobierno en sentido de que la carretera Villa Tunari-San Ignacio sí o sí tiene que ser partiendo el Tipnis”.
“Lo que pasa es que la Gobernación está de ‘chupa’, como decimos los cambas, del gobierno nacional a cambio de algunos recursos económicos ante la situación de bancarrota que viene desde la gestión de Alex Ferrier, Fanor Anapo, agravada por la baja capacidad de gestión actual que está llevando a una crisis financiera”, declaró la asambleísta beniana.
Pidió que, ya que el gobierno está empeñado en construir carreteras en Beni, que comiencen con los proyectos que no tienen ningún impedimento legal como la carretera Guayaramerín-Trinidad con su ramal Puerto Uztárez que tiene tres leyes que lo respaldan, un estudio TESA y crédito chino de 1.280 millones de dólares aprobado el año 2016 y hasta ahora no se inicia la obra.
Anunció que desde la brigada parlamentaria del Beni hará seguimiento e iniciarán actos de fiscalización para que la opinión pública esté atenta sobre lo que realmente ocurre y no se deje sorprender con falsos discursos de necesidad sobre la carretera que ya en el pasado fue rechazada por la mayoría del pueblo boliviano.
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