La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, a través de una nota formal, solicitó a la Contraloría General del Estado iniciar la supervisión al proceso de adquisición de las 41 ambulancias realizada por la Gobernación de Potosí, ante la posible existencia de un daño económico al patrimonio del Estado.
El argumento de la Defensoría consiste en que el plazo de entrega de las ambulancias ya feneció sin que lleguen a Potosí. Además, existe un acta de recepción que se firmó que sin que los vehículos hayan sido entregados.
“Estamos pidiendo la intervención del Contralor tras conocer que existirían irregularidades en la compra de estas ambulancias, pues llama la atención que, según se hizo público, que exista un acta de recepción de las 41 ambulancias de parte Gobierno Departamental de Potosí, cuando estos vehículos aún no fueron entregados por la empresa Estefals Logistics, cuyo plazo de entrega ya habría fenecido”, manifestó Cruz.
Además, la Defensoría observó que esta empresa habría sido registrada en Fundempresa el 9 de septiembre de 2021, poco antes de recibir la invitación de la Gobernación de Potosí. Además la compañía adjurada figuraría con un capital inferior al monto del valor de una ambulancia.
También observó que el precio pactado para la adquisición de estos bienes asciende a 20,5 millones de bolivianos, monto superior a otras cotizaciones registradas en el proceso de contratación que oscilan entre 18,5 y 17.5 millones de bolivianos, aspectos que deben ser supervisados por la Contraloría.
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