Cuando persiste el conflicto por la fecha del Censo, la Defensoría del Pueblo advirtió que se vulneran a diario los derechos humanos de familias cruceñas, por lo cual exigió que se depongan actitudes radicales y se reencamine el diálogo.
“Con gran preocupación, la Defensoría del Pueblo observa cómo los actores se alejan de la concertación y son inflexibles en sus planteamientos. Hoy, producto de la tozudez y el radicalismo de las partes involucradas que mantienen las protestas, se debe lamentar el deceso de otra víctima con cuya familia nos solidarizamos ante el dolor que enfrenta”, dice un comunicado de la entidad defensorial.
La Defensoría se pronunció después de que la mesa técnica reunida en Beni recomendó hacer el Censo entre marzo y abril de 2024, mientras cívicos cruceños persisten con el paro en demanda de que el estudio nacional se haga en 2023.
En ese contexto, un joven de 22 años falleció después de que, a bordo de su motocicleta, impactó con un cable que era usado en un punto de bloqueo.
La entidad defensorial señaló que no se puede tolerar la violencia “venga de donde venga”, sino debe primar el respeto a la vida, al ser humano.
Consideró necesario efectuar los diálogos abiertos y conciliadores de paz social. En ese marco, exigió a los actores del conflicto a ser sensatos en sus declaraciones y acciones, además de estar conscientes de que deben asumir las consecuencias de sus actos y su impacto económico social.
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