La infraestructura caminera del departamento de Tarija nuevamente queda bajo el ojo público tras fuertes acusaciones de irregularidades. En medio de un escenario económico frágil y con obras que representan el motor para la integración y desarrollo regional, surgen denuncias que comprometen a funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
En diálogo con El Guadalupano, el asambleísta departamental José Yucra expuso con preocupación que existirían consorcios entre empresas constructoras y servidores de la ABC en Tarija, quienes se habrían aliado para adjudicarse proyectos camineros, vulnerando los principios de transparencia y competencia justa. “Estamos hablando de una estructura que opera desde hace tiempo y que perjudica directamente a la población porque los recursos terminan siendo desviados”, afirmó.
Yucra explicó que cuenta con información recabada en distintas provincias del departamento, donde la ciudadanía y pequeños empresarios del rubro de la construcción expresaron su molestia por las barreras impuestas para acceder a licitaciones. “Las empresas que no forman parte de estos arreglos quedan automáticamente relegadas, aunque tengan la experiencia o la capacidad técnica”, aseguró.
Además, el legislador advirtió que la calidad de las obras también está en juego. Según manifestó, al priorizarse estos consorcios irregulares, no siempre se contrata a las constructoras mejor calificadas, lo que luego se traduce en caminos con fallas estructurales prematuras. “Esto provoca doble gasto para el Estado y, por supuesto, más problemas para nuestras comunidades”, apuntó.
El asambleísta adelantó que elevará la denuncia formal a instancias competentes a nivel nacional, solicitando auditorías independientes a varios proyectos ejecutados y en ejecución. “No podemos permitir que continúen usando el presupuesto departamental como un botín político o económico”, enfatizó.
Por otro lado, Yucra pidió a la población tarijeña estar vigilante y denunciar cualquier irregularidad que detecten en las obras públicas. “Los ciudadanos son nuestros mejores fiscalizadores. Si algo está mal, necesitamos que nos lo hagan saber para actuar de inmediato”, agregó.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades judiciales y de control del Estado para que tomen cartas en el asunto sin contemplaciones. “No se trata de perseguir a nadie, sino de garantizar que la plata del pueblo sea invertida de manera correcta”, concluyó.
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