La Justicia conminó a las autoridades del Ministerio de Minería demostrar las medidas que tomaron para la estabilización del cerro y la migración de las empresas mineras en un plazo de un mes y advirtió que, de no cumplirse las órdenes, se impondrían multas progresivas y se remitirían antecedentes al Ministerio Público.
El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Potosí dispuso el congelamiento de las cuentas bancarias del ministro de Minería, Alejandro Santos Laura y del presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Reynaldo Pardo Fernández, por no haber cumplido con la mitigación del derrumbe del Cerro Rico de Potosí.
“La Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1062/2022 de 19 de agosto de 2022 es un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia que ordenó la estabilización y preservación del Cerro Rico de Potosí, declarado Patrimonio de la Humanidad”, añade la parte final de la resolución emitida por una sala constitucional potosina.
En el Ministerio de Minería informaron que Alejandro Santos no hará declaraciones al respecto, al considerarlo un tema ‘delicado’. EL DEBER hizo esfuerzos por comunicarse directamente con el titular de esa cartera de Estado, sin éxito.
En 2021 las entidades cívicas potosinas acudieron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) presentando una acción popular contra el Ministerio de Minería y la Comibol por no regular el trabajo de las cooperativas mineras; asimismo, pedían la salida de la empresa minera Manquiri.
Recién en febrero de 2022 se realizó la audiencia en la que la Justicia conminó a las autoridades del ministerio de Minería y a Comibol asumir medidas de mitigación ante el colapso de la cúspide del cerro rico de Potosí y les dio 180 días para asumir medidas. Rechazó la demanda contra la empresa Manquiri porque no había pruebas de los demandantes.
Pasaron tres años y en agosto de este año, los dirigentes cívicos presentaron una acción de cumplimiento contra los demandados, aduciendo que no cumplieron con el fallo judicial de 2022. La decisión fue tomada el 19 de agosto y se conoció recién este miércoles con la notificación.
Ahora la Justicia conminó a la parte accionada acreditar las medidas que tomaron para la estabilización del cerro y la migración de las empresas mineras en un plazo de un mes y advirtió que, de no cumplirse las órdenes, se impondrían multas progresivas y se remitirían antecedentes al Ministerio Público.
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