Hay casos de supuesta corrupción desde 2014 contra Luis Marcelo Arce M. y solo una investigación. Presumen que el primogénito de Arce goza de poder y actúa como operador silencioso. La nueva denuncia profundizó la pugna en el MAS
Desde 2014, suman cinco denuncias por supuesta corrupción, conducta antieconómica y otros delitos que habría cometido Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente del Estado. Las sindicaciones surgen de pronunciamientos no solo de políticos opositores, sino de miembros del propio partido de Gobierno. Al menos cuatro acusaciones fueron mediáticas y solo una llegó a investigarse, aunque presumen que beneficiaron a Arce M.
Amílcar Barral, ex parlamentario de Unidad Demócrata, recordó que en 2015 hizo público el primer proceso que enfrentaba el primogénito del mandatario por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Fue denunciado por el entonces presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas.
“En 2015 hemos recibido la documentación oficial de la denuncia que hizo Carlos Villegas en 2014 en contra del hijo de Arce Catacora, quien en esa fecha era responsable de almacenes de YPFB en Santa Cruz, de donde se habrían perdido llantas y baterías por un valor estimado de $us 150.000”, informó el exparlamentario en contacto con EL DEBER.
Detalló que los denunciados eran Marcelo Arce, jefe de almacenes de YPFB, y dos personas más. Este hecho desembocó en una interpelación al entonces ministro de Economía y hoy presidente, Luis Arce Catacora.
“Nunca nos respondieron y lo que pasó es que tiempo después, cuando hicimos una petición de informe consultando en qué situación se encontraba esa denuncia, nos dijeron que sí se hizo la investigación y responsabilizan a funcionarios de bajo de rango que fueron retirados de la empresa. Con esto, hicieron desaparecer el nombre de Marcelo Arce Mosqueira de esa denuncia. Tampoco se mencionó si recuperaron la pérdida”, agregó.
Barral relató que luego de la polémica coincidió en un evento con el entonces ministro de Economía, quien le presentó a su hijo y le dijo: “Él es mi hijo al que estás acusando”, a lo que el exdiputado respondió que el denunciante era Villegas, del MAS, quien falleció en enero de 2015.
En enero de 2015, tras revelarse la denuncia, el abogado de Marcelo Arce, Julio Burgos, anunció un juicio contra Barral por “delitos contra el honor” si el entonces diputado no se retractaba.
Burgos explicó que Marcelo Arce trabajó en los almacenes de YPFB con un sueldo de Bs 3.000 durante el 2011, pero aclaró que la desaparición de las 146 llantas se registró en una gestión posterior a su salida del cargo.
El hecho fue descubierto en una auditoría externa realizada a mediados de 2013 que evidenció que las llantas aún permanecían en esos depósitos, mismas que habrían desaparecido en un periodo “muy alejado” a su gestión.
Arce Mosqueira en su primer contacto con la prensa dijo ser el “principal interesado en que se encuentre al ladrón” de las 146 llantas. “Estoy coadyuvando a la investigación”, dijo y consideró que Barral estaba “politizando” la pesquisa con supuestos fines personales.
Tratados con hidrocarburos
Entre enero y febrero de 2022, surgieron dos nuevas denuncias contra el hijo del presidente por supuestos acuerdos, reuniones y “favorecimiento” a algunas empresas.
A inicios del año pasado, la periodista Amalia Pando denunció que el hijo mayor del presidente Luis Arce viajó en abril de 2021 a Caracas para “negociar al más alto nivel” la posibilidad de que la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven) se haga cargo de la Planta de Urea y Amoniaco.
Con documentos y audios publicados en su plataforma Cabildeo Digital, Pando reveló que Marcelo Arce llegó a la capital venezolana el 27 de abril de 2021, en un vuelo privado y acompañado de otras cinco personas.
La comunicadora también observó que 36 venezolanos “de dudosa calificación técnica” fueron contratados y que percibirían sueldos astronómicos.
Luego el 9 de febrero de 2022, EL DEBER reveló que Venqis, empresa panameña del brasileño André Golabek y que tuvo participación en la campaña presidencial de Arce, buscaba ser contratada por YPFB Chaco, la empresa en la que trabajaba Luis Marcelo.
La firma panameña pugnaba por adjudicarse el proceso de contratación de servicios de producción y difusión de productos comunicacionales para promover la incursión en el área de Astillero.
En ese tiempo, observaron la relación de amistad entre Golabek y Arce M., desde que trabajaron juntos en la campaña. Además se cuestionó una adjudicación directa de YPFB Chaco con Venqis, por el monto de $us 37.462 por un spot, tres cuñas y una animación. El trabajo se realizó; sin embargo, no existe una licitación en la que hubieran participado otras empresas.
AJAM, el litio y la justicia
Un tema no menor fue el proceso a un funcionario de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por la difusión de un meme en el que se señalaba que la entonces directora Brenda Lafuente llegó a su puesto por mantener una relación con Marcelo Arce, aunque se dijo que ella misma había ordenado elaborar la imagen.
En abril del año pasado, Lafuente fue duramente cuestionada por promover el encarcelamiento de servidores públicos y hubo denuncias de la supuesta protección de la que gozaba y el poder que tenía dentro del Gobierno por una supuesta cercanía con el hijo del jefe de Estado.
La quinta denuncia contra Arce M., realizada este año por el diputado masista Héctor Arce, refiere supuestos “negociados y reuniones oscuras” con las empresas Lilac Solutions y Uranium One Group que están en carrera para la explotación del litio en salares del país. Acusan a Luis Marcelo de “hacer lobby” con autoridades nacionales para que estas empresas estén entre las preseleccionadas.
A la fecha, ni el jefe de Estado ni su hijo, tampoco el ministro Franklin Molina se han manifestado sobre las denuncias presentada por Héctor Arce.
Al diputado Ramiro Venegas (MAS) le llama la atención que el fiscal general, Juan Lanchipa, tampoco se pronuncie. Exige una investigación de la denuncia.
“No creo que el hijo del presidente se haya puesto a tomar un cafecito con los grandes empresarios. Hay indicios suficientes para considerar que hubo tráfico de influencias. Es un tema muy delicado que tiene que someterse a la justicia, pero tenemos un fiscal general que no hace nada y un ministro nefasto que le gusta cubrir los actos de corrupción”, sostuvo Venegas.
Barral también se mostró preocupado por el “desentendimiento” del Ministerio Público frente a las denuncias entre masistas.
El bloque de renovadores reiteró que este es un ataque al primer mandatario y atribuye las denuncias a la pugna interna del MAS. Incluso, el diputado Rolando Cuéllar habló de seis intentos de golpe interno en dos años de Gobierno y la intención de Evo Morales de regresar al poder.
El Deber
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