
El asambleísta departamental de la bancada Camino Democrático para el Cambio, Mario Cavero, cuestionó el retraso en el tratamiento del Plan Operativo Anual (POA) 2027 de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) y afirmó que las dificultades registradas estarían afectando la consolidación del presupuesto del Gobierno Departamental.

En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, Cavero señaló que el POA de la Asamblea fue remitido con anticipación por su presidente, pero sostuvo que el documento no habría sido socializado ni aprobado previamente por el pleno, situación que, según explicó, impidió que los asambleístas conocieran oportunamente su contenido.

El legislador indicó que, ante el vencimiento de los plazos para el tratamiento del presupuesto departamental, la Gobernación solicitó la dispensación de trámites y voto de urgencia, con el propósito de que el proyecto pueda ser considerado directamente por el pleno. Sin embargo, afirmó que la solicitud no fue atendida oportunamente y que posteriormente el documento fue derivado a comisión.

Cavero cuestionó además las decisiones asumidas por la presidencia de la ALDT y afirmó que algunas determinaciones se habrían tomado sin una coordinación previa con la directiva. También rechazó que el POA haya sido consensuado con las distintas instancias legislativas, como se habría señalado en una nota institucional.
Respecto al trabajo de la comisión, el asambleísta explicó que se desarrollaron dos reuniones en las que inicialmente se identificaron más de 28 observaciones al documento. Según indicó, la mayoría de estas observaciones fueron subsanadas y actualmente permanecería pendiente la presentación de las actas de socialización firmadas correspondientes al documento.
El legislador sostuvo que este último requisito estaría generando dificultades para que la comisión concluya su informe y remita el proyecto al pleno. Asimismo, afirmó que, desde la Gobernación, se habría señalado que el Estatuto no establece como requisito la presentación de firmas para la totalidad del POA departamental, sino el aval de determinados sectores en los procesos correspondientes a gobiernos municipales y gobiernos indígenas.
Cavero también destacó los cambios presupuestarios previstos en el POA 2027 y señaló que la propuesta contempla una mayor asignación para sectores considerados prioritarios. En salud, indicó que los recursos aumentarían de 166 millones a 204 millones de bolivianos, destinados a equipamiento, mantenimiento, ítems y medicamentos.
En desarrollo productivo, el presupuesto pasaría, según el asambleísta, de 78 millones a 108 millones de bolivianos. Para medio ambiente, los recursos se incrementarían de aproximadamente 1,7 millones a 6,4 millones, mientras que el presupuesto destinado a turismo subiría de menos de medio millón a 5,9 millones de bolivianos.
El asambleísta explicó que el incremento de recursos no estaría relacionado con un aumento de la producción de gas o de las regalías, sino principalmente con la variación del tipo de cambio, debido a que parte de los ingresos provenientes de hidrocarburos se reciben en dólares. No obstante, advirtió que este efecto podría disminuir progresivamente y planteó la necesidad de destinar los recursos a sectores que permitan fortalecer la economía departamental.
Finalmente, Cavero señaló que la Gobernación logró introducir el POA al sistema correspondiente, pero que todavía se requiere la aprobación de la ley departamental para que pueda entrar en vigencia. Explicó que, de no aprobarse el documento, los recursos podrían quedar concentrados en partidas generales y obligarían a gestionar modificaciones presupuestarias mediante nuevas leyes para ejecutar determinados gastos.
Ante la sesión convocada por la presidencia de la ALDT para tratar la dispensación de trámite y voto de urgencia del proyecto de Ley Departamental del POA, Cavero manifestó que espera que el debate permita avanzar también hacia la definición del POA 2027. A su criterio, la demora ya no responde únicamente a aspectos administrativos, sino que tendría también una dimensión política.