La causa respecto al presunto envío de armas antidisturbios desde Argentina a Bolivia, durante el gobierno de Mauricio Macri, sigue. Marcos Peña, exjefe de Gabinete, el excanciller Jorge Faurie y Fulvio Pompeo, exsecretario de Asuntos Estratégicos, fueron imputados por la Justicia de Argentina. En el país vecino se lleva adelante una investigación, luego de que en Bolivia se diera a conocer que ese gobierno mandó materiales en 2019, cuando estaban latentes los conflictos sociales.
La imputación responde a la ampliación de la denuncia que realizó la semana pasada el Gobierno de Alberto Fernández. Según reza el documento emitido por la Fiscalía, y al que accedió la agencia noticiosa estatal Télam, los imputados habrían participado de la «organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico al Estado Plurinacional de Bolivia, vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero».
Los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida» a los funcionarios mencionados, «en cuanto a una supuesta participación», se lee.
La denuncia que amplificó la Casa Rosada señala a Macri como quien «ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando».
El exmandatario ya había sido imputado por Navas en julio, junto con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el exministro de Defensa Oscar Aguad.
El escándalo surgió en julio, cuando, a través de Twitter, el canciller Rogelio Mayta hizo pública una carta en la que el excomandante de la Fuerza Aérea boliviana Jorge Gonzalo Terceros Lara le agradecía al embajador argentino de entonces, Normando Álvarez García, «la colaboración prestada”.
Agencias
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