A través de un comunicado, la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia rechazó el informe «unilateral» del Departamento de Estados de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia y denunció que es un acto de intromisión e injerencia en la política interna del país.
«El informe es un intento de afectar la credibilidad del país distorsionando la realidad boliviana y omitiendo mencionar los avances significativos en materia de derechos humanos en favor de la niñez, adolescencia y adultos mayores que ha realizado el Gobierno. Además de obviar el impacto de los programas implementados para fortalecer la protección de los derechos humanos», señala la Cancillería.
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, el informe estadounidense tiene un uso «predominante de fuentes imprecisas o ausencia de ellas», y «compromete la veracidad del contenido y omite considerar una gama más amplia de visiones dentro del espectro social y político del país».
«Bolivia reitera su compromiso inquebrantable con la promoción y protección de los derechos humanos para todas y todos los bolivianos, basado en principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre los Estados», concluye.
El informe
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en 2023 señala que en Bolivia no hubo cambios importantes en ese rubro e identifica reportes sobre «torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes por parte de funcionarios gubernamentales».
En el texto también se expone las condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, y los graves problemas con la independencia del Órgano Judicial, el arresto y la detención arbitraria.
En su sección de Respeto por la integridad de la persona, en el documento se establece que hay funcionarios que utilizan la tortura, coerción y violencia física, pese a que la Constitución Política del Estado lo prohíbe.
«Organizaciones No Gubernamentales (ONG) informaron que las investigaciones policiales se basaron, en gran medida, en la tortura para obtener información y extraer confesiones», añade el documento publicado este martes.
«Al parecer, la mayoría de los abusos ocurrieron mientras los funcionarios trasladaban a los detenidos a instalaciones policiales o mantenían detenidas a las personas», señala.
El informe incluye una crítica a la «impunidad policial», a la que califica como «un problema significativo», debido a la «corrupción» y la «politización» del sistema judicial.
«Rara vez se hicieron cumplir los mecanismos para investigar los abusos. Con frecuencia, las investigaciones no se completaron debido a sobornos pagados a los investigadores por parte de las personas investigadas», complementa la nota, según reportes de La Razón y ANF.
Por último, el estudio del Departamento de Estado indica que, si bien el Gobierno boliviano «generalmente» permitió el monitoreo de observadores independientes a las condiciones de los reclusos, «no permitió que periodistas, ONG y líderes religiosos visitaran a algunos prisioneros de alta visibilidad, incluidos el gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho, y la expresidenta interina, Jeanine Áñez».
Oxigeno
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