La prolongada conflictividad social y los bloqueos registrados en distintas regiones del país han reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer el marco legal para sancionar a quienes impulsan medidas de presión que generan perjuicios económicos, sociales y humanos. En ese contexto, el abogado constitucionalista Esteban Ortuño propuso la creación de una ley antibloqueos que permita establecer responsabilidades más severas para los promotores de estas acciones.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, Ortuño manifestó que Bolivia requiere una normativa específica que no solo sancione penalmente a quienes organizan bloqueos, sino que también contemple mecanismos de reparación económica por los daños ocasionados al Estado, al sector productivo y a la población. Según explicó, la propuesta busca incorporar medidas como el embargo e incautación de bienes de las personas responsables de promover este tipo de conflictos.
El jurista sostuvo que los bloqueos generan consecuencias que van más allá de la interrupción del tránsito vehicular, afectando la actividad económica, el abastecimiento de productos, la atención médica de emergencia y el normal desarrollo de las actividades productivas. A su criterio, los perjuicios ocasionados deberían ser cuantificados y posteriormente resarcidos por quienes impulsan estas medidas de presión.
Asimismo, señaló que las sanciones patrimoniales podrían convertirse en una herramienta efectiva para desalentar futuras acciones de este tipo. Consideró que mientras los responsables no enfrenten consecuencias directas por los daños generados, continuará existiendo una percepción de impunidad que favorece la repetición de los conflictos en diferentes regiones del país.
Ortuño indicó que la legislación vigente contempla determinadas figuras legales relacionadas con daños al Estado y afectaciones a terceros, pero considera que se requiere una norma específica que permita actuar con mayor contundencia frente a bloqueos prolongados que ocasionan pérdidas millonarias y afectan derechos fundamentales de la población.
Finalmente, afirmó que una ley de estas características podría contribuir a preservar la libre circulación, proteger la economía nacional y garantizar que las protestas se desarrollen dentro de mecanismos que no vulneren los derechos de otros ciudadanos. En ese sentido, reiteró que quienes promuevan acciones que generen graves perjuicios al país deben asumir responsabilidades económicas y legales por las consecuencias de sus actos.
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