Antonio Martínez, gerente Regional de la Aduana La Paz, denunció que un grupo de comunarios de Calamarca obligaron a golpes a personal del Ejercito a firmar un acta de compromiso para que la Aduana no incaute los autos chutos que se encuentran en esa localidad.
Martínez dijo que los funcionarios fueron sorprendidos cuando realizaban un patrullaje por ese sector. Sin embargo, aclaró que el acuerdo firmado entre los campesinos y personal del Ejército carece de todo valor legal, ya que aparentemente fueron presionados, amenazados y golpeados para suscribir y dar lectura del documento como se ve reflejado en un video que circula en las redes sociales.
«Han sido amedrentados, han sido víctimas de violencia, tenemos las imágenes que ellos han filmado, incluso uno de ellos tiene heridas en la cabeza, tiene siete puntos unos de los técnicos aduaneros, han sido reprimidos y retenidos todo el día domingo. Este documento no tiene ningún valor legal», manifestó Martínez.
En el video difundido en redes sociales se observa a un grupo de militares dar lectura al documento junto a los comunarios de Calamarca para que ni la Aduana ni el Ejército puedan decomisar autos indocumentados en dicha localidad.
«Compañeros con todo respeto lastimosamente nos estamos encontrando en una situación muy delicada, no nos hubiese gustado llegar a su provincia de esa manera. En esa situación estamos haciendo un acta de compromiso en la cual indica lo siguiente: en acta de compromiso se determina que el personal de la Aduana Nacional y personal del Ejército se compromete a no comisar vehículos sin registro de pobladores y comunarios del municipio de cuarta sección de Calamarca, Provincia Aroma, que esté en movimiento o estacionado en sus carreteras o chacras», detalla una de los militares al momento de la lectura del documento.
Martínez aclaró que, según el informe recabado, los efectivos intervinieron una localidad de Calamarca porque identificaron un vehículo indocumentado comprobando que el mismo tiene placas falsificadas, por lo que proceden a la intervención, sin embargo, el encargado del motorizado llama a más gente y en ese momento son interceptados y llevados con violencia a una comunidad cercana donde fueron extorsionados.
«Hay que poner en claro el contexto, incluso estaba en riesgo sus vidas, fueron golpeados, fueron amedrentados y fueron extorsionados pidiéndoles dinero. Ellos tuvieron que recurrir a una localidad cercana para que intercedan y salir de la comunidad y ahí les hacen redactar y firmar esta acta. Ellos han buscado precautelar su salud, les han golpeado y resguardaron su seguridad, se está coordinando con el Municipio para que nos devuelvan el vehículo que se quedó en la Alcaldía de Calamarca», detalló.
De acuerdo al video, el documento también fue firmado por un técnico responsable de la Aduana y un oficial militar.
Entretanto Johana Cortez, responsable jurídica de la regional de La Paz, anunció que tomarán acciones legales, debido a que, no se puede obligar a firmar nada en contra de la voluntad de una persona, además que el personal encargado de los operativos fueron víctimas de violencia.
«Se van a tomar acciones legales, una vez que se analice la situación. Un documento tiene que ser sin ningún tipo de amenaza y ser conscientes y eso se lo dejamos a la población, que es más legal, amenazar, pedir dinero y tratar de agarrar un documento para legalizar actos ilegales, los han emboscado, les han obligado a leer y firmar un documento, el contrabando va contra la ley, causar lesiones contra las personas va contra la ley», sostuvo.
Reitero que fueron amenazados, golpeados y al ser extorsionados los comunarios elaboraron a su gusto el documento. «Hay mucha multitud y su vida estaba en peligro, ellos cumplían con sus exigencias o simplemente los linchaban, por eso de manera obligada se han visto en la necesidad de hacer esa lectura de hacerlo además frente a todos para que estés satisfechos, sin embargo, desde el punto jurídico, sabemos que un documento firmado en esas circunstancias no tiene ningún valor legal».
ANF
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