El cambio de Gobierno generó incertidumbre entre los perseguidos políticos del MAS y sus detractores, que tras los conflictos poselectorales de 2019 se fueron del país o retornaron del exilio. Las autoridades electas preparan el arraigo de los titulares transitorios salientes.
El año pasado, el país se sumió en un conflicto poselectoral que desembocó en la anulación de los comicios y la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Antes y después de su dimisión todo su gabinete y las autoridades departamentales y municipales de su entorno presentaron sus renuncias. Algunos dejaron el país, como lo hizo el mandatario
Tras la salida de Morales, los denominados perseguidos políticos de Evo vieron en su ausencia la oportunidad de retornar a Bolivia. Para quienes lo hicieron, la incertidumbre vuelve con el regreso del MAS al Gobierno.
Volvieron y tal vez se irán
“Estamos en la incertidumbre, a la espera de lo que vaya a suceder con el nuevo mando. Nosotros fuimos perseguidos por el MAS que ahora se va a posesionar. En función de su reacción habrá que decidir cuál será nuestro destino”, manifestó Ana Melena, expresidenta del Comité Cívico de Pando.
Ella es parte de los denominados perseguidos del caso Porvenir, que en noviembre y diciembre pasado regresaron desde Brasil a Bolivia, aún con los algunos procesos encima.
“Teníamos la intención de retomar nuestra vida en nuestro amado país, pero si vuelve la persecución no quedará otra opción que volver a irnos”, afirma.
Para Ricardo Shimokawa, exvicepresidente cívico de Pando, la decisión está tomada. Pese a la sorpresa por los resultados de las elecciones afirma que no volverá a dejar el país.
“Retornamos porque así se dio la coyuntura y así lo permitió la culminación del proceso contra Leopoldo Fernández. A pesar de todo lo sucedido y el increíble resultado de las elecciones, estamos en Bolivia y seguiremos aquí”, afirmó.
Para ambos, el retorno al país fue un tobogán de emociones del que aún no pueden descender. Primero estuvo el regreso, la crisis política y luego vino la pandemia que se vio empeorada por la situación critica del Estado. Todo fue rematado por las elecciones que sacarían al país de un gobierno transitorio y en las que ganó el MAS.
“Es algo que no esperábamos”, insistió Shimokawa.
Pero además de los exiliados del Porvenir, también retornaron Branko Marinkovic, Guido Nayar, Manfred Reyes Villa y Mario Cossío.
Marinkovic regresó al país en enero pasado, luego de 10 años de asilo en Brasil por el caso terrorismo, que fue cerrado por la transición. En menos de un año, el perseguido político por uno de los casos más polémicos e irregulares de la gestión de Morales, pasó de ser exiliado a ministro.
“No pienso retornar a Brasil. Me quedo aquí. Viajo a Brasil porque tengo empresas, no me queda más. El viernes pasado estuve a la carrera”, indicó en una entrevista dada a El Deber.
Luz verde para su retorno
Mientras unos retornaron otros se fueron. Entre los afines al MAS que salieron del país están: Evo Morales, Álvaro García Linera, Gabriela Montaño, César Navarro, Manuel Canelas y Damián Dorado.
Intentaron salir pero quedaron albergados en la Embajada de México: Wilma Alanoca, Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Javier Zavaleta, Hugo Moldiz, Víctor Hugo Vásquez y Nicolás Laguna. Aunque ya no hay orden de aprehensión para Arce, este no definió si deja el resguardo mexicano o no.
“El volver al país es un tema personal. Nosotros vamos a garantizar que todos los bolivianos (no Evo en específico) puedan regresar a su país. Nadie tiene por qué trabarles el retorno”, señaló Luis Arce en una entrevista con Gigavisión.
Aunque se dio luz verde para su retorno al país, sólo Morales y García Linera han manifestado que regresarán. Gabriela Montaño en una publicación anunció su alejamiento del Gobierno y Quintana afirmó que se encuentra “más libre que nunca”.
La Ley de Arraigo
- Norma El 14 de octubre la presidenta del Senado Eva Copa promulgó la ley de permanencia obligatoria en territorio nacional de autoridades del nivel central del Estado y de entidades autónomas.
- Objetivo La ley de arraigo establece que ninguna autoridad puede abandonar el país por un lapso de tres meses a partir de haber concluido su mandato. En ese tiempo deben presentar todos los informes y ayudar en las investigaciones si estas correspondieran. Según los legisladores del MAS, así se garantizará que quienes hayan cometido algún hecho de corrupción no huyan.
- Trámite La Procuraduría General del Estado será la responsable de tramitar ante la autoridad competente el arraigo judicial de las autoridades electas nacionales, así como de los y las designadas en cargos del Órgano Ejecutivo nacional.
- Niveles Para las autoridades electas a nivel departamental y municipal, será el delegado o subprocurador regional el responsable del trámite.
- Responsabilidad Los encargados de gestionar el arraigo deberán dar celeridad al trámite bajo responsabilidad penal por su incumplimiento.
- Espontáneo Las autoridades comprendidas en la norma podrán solicitar el arraigo judicial de forma voluntaria, con antelación a la conclusión de sus funciones públicas.
- Liberación En su disposición final, la ley señala que una vez que la investigación preliminar determine la inexistencia de la comisión de un delito penal o que el arraigado en cuestión no haya participado en el mismo, se emitirá la respectiva resolución para el levantamiento del arraigo judicial.
- Vigencia La norma fue promulgada en la Asamblea Legislativa debido a que la presidenta transitoria Jeanine Añez la rechazó. Hasta ahora la normativa no fue publicada en la gaceta nacional. Se intentó crear la Gaceta Legislativa.
- Constitucional Antes de la promulgación, la presidenta Jeanine Añez presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional una consulta contra la ley por -a su parecer- vulnerar la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano.
Pagina Siete
Acerca del autor
