El gobernador de Santa Cruz se presentó ayer en la Fiscalía para prestar su declaración testifical, pero la audiencia fue reprogramada para el 4 de enero de 2022.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, formalizó ayer una denuncia dentro del caso que lleva adelante la Fiscalía contra su antecesor Rubén Costas y otros por un presunto desvío de fondos de la Gobernación. Aseguró que la Contraloría General del Estado “se hizo el de la vista gorda” y no advirtió esta irregularidad, a causa del pacto que había entre el exgobernador cruceño y el Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Nosotros hemos denunciado, lamentablemente la Contraloría no ha detectado esto, pero la verdad es que ha sido por lo que todos sabemos, siempre el pacto que han tenido con el MAS pues ha generado esa liberalidad de poder hacer las cosas y que la Contraloría se haga de la vista gorda. Nosotros como responsabilidad administrativa que tenemos en nuestro departamento estamos obligados a denunciar estos hechos, lo hicimos, hoy (ayer) se presentó la denuncia”, manifestó Camacho a los medios de comunicación.
El gobernador se presentó ayer en la tarde en la Fiscalía para declarar como testigo del caso, pero la audiencia se suspendió para el 4 de enero de 2022 debido a la recargada labor que tienen los fiscales.
El Ministerio Público sigue de oficio este proceso contra el exgobernador Rubén Costas, el exsecretario general y excandidato a la Alcaldía de Santa Cruz Roly Aguilera y el concejal Carlos Manuel Saavedra, todos de la agrupación Demócratas.
Camacho formalizó la denuncia para adherirse como parte del proceso. Reiteró que su antecesor usó recursos de la Gobernación que estaban destinados a la lucha contra el Covid-19 para la campaña política del entonces candidato Roly Aguilera. Detalló que se dispuso de 700 mil bolivianos para vallas publicitaria y campañas en redes sociales.
Remarcó que ese dinero debía utilizarse para informar a la población sobre la prevención del Covid-19, no así en campañas políticas.
La autoridad departamental solicitó que además de Costas, Aguilera y Saavedra, también sean citados a declarar otras siete personas, entre ellos una exsecretaria general, el exauditor general y otros exfuncionarios, así como representantes de una empresa publicitaria.
La Gobernación de Santa Cruz también pidió el allanamiento a las oficinas de las empresas Cisneros Interactive Bolivia y Multimedia Núñez Justiniano SRL.
La mañana de ayer, el secretario de justicia de la Gobernación, Efraín Suárez, prestó su declaración testifical por este caso, ratificó la denuncia hecha por Camacho y entregó todos los elementos probatorios a la Fiscalía.
“Existían contratos de publicidad en la Gobernación, tanto en la parte digital como en la parte publicidad de calle, y que se han encontrado probables hechos irregulares durante la prestación de estos servicios de publicidad digital y de calle, en los cuales se habría publicitado propaganda política del partido del exgobernador Rubén Costas”, señaló Suárez a la conclusión de su declaración.
Luis Fernando Roca, exsecretario de la Gobernación en la gestión de Costas, señaló que se trata de una “denuncia infundada” y sin sustento probatorio.
“15 años de gestión de Rubén Costas con la Contraloría encima, con la Fiscalía todo el tiempo, siempre ha habido una gestión transparente, nunca se encontraron actos de corrupción, menos con ribetes de escándalo”, manifestó Roca.
Dijo que el caso es “una cortina de humo” de los actuales funcionarios de la Gobernación que buscan desviar la atención, ya que el caso ítems fantasmas toca sus puertas.
El concejal Manuel Saavedra, uno de los denunciados, coincidió que se trata de una cortina de humo el caso y recordó que tanto Costas, Aguilera y él se apersonaron a la Fiscalía para declarar y los citaron para el 29 de diciembre de este año.
“Aquí hay dos cosas: quieren generar una cortina de humo para que se deje de hablar de los ítems fantasmas (…). Lo otro es que nuestras denuncias que hemos venido haciendo afectan muchos intereses económicos y políticos, y lo que buscan con este tipo de investigaciones o amenazas de juicio es que nos callemos para que no sigamos denunciando, pero no lo vamos a hacer”, apuntó el concejal.
Pagina Siete
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