La decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de prorrogar el mandato de los actuales magistrados ha desatado la molestia e indignación de sectores políticos adversarios del Gobierno. Tanto opositores como el ala «evista» del MAS expresaron sus críticas contra lo que denominan la «autoprórroga» de las autoridades judiciales.
El mandato de magistrados debía terminar el 2 de enero, pero el TCP decidió prorrogar el cargo hasta que se elijan a otras autoridades judiciales, bajo el argumento de que no se pueden suspender servicios.
Los opositores y los «evistas» aseguraron que la decisión del TCP deviene de un contubernio de los magistrados con el Gobierno, para evitar las elecciones judiciales y beneficiarse mutuamente.
«Prórrogazo, decisión prevaricadora e inicua del TCP, a días de vencimiento de su mandato, flagrantemente inconstitucional, ejecutora del plan del Gobierno de Arce, para implantar la dictadura gubernativa judicial. Seguirán saboteando toda elección», publicó en X el diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón.
«Se han autoprorrogado, nosotros tenemos que tomar la determinación de iniciar un juicio de responsabilidades en razón de que ellos estarían modificando la Constitución, estarían afectando lo que establece el artículo 411 de la Constitución», dijo la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame a los medios de prensa.
El también diputado de CC, Marcelo Pedrazas, calificó la decisión del Tribunal como «autogolpe» y señaló que los magistrados no pueden emitir una decisión para beneficiarse a sí mismos.
El diputado «evista» Héctor Arce calificó lo ocurrido como un «golpe judicial». Dijo que los magistrados han cometido prevaricato y que, en su mayoría, son «sicarios».
«Esto no es una autodefinición de parte de los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esto es con la mano negra de Iván Lima, por instrucción de Lucho Arce. El gobierno es tan cínico pero tan cínico que los ha utilizado a los magistrados para instrumentalizarlos y puedan emitir esta resolución», criticó Héctor Arce.
El abogado del ala «evista» y exmagistrado Orlando Ceballos denunció que se está ejecutado un plan del ministro Iván Lima, para forzar una situación de excepción con el fracaso de las elecciones judiciales.
Ceballos sugirió que la Asamblea emita una ley corta para cambiar la situación de los magistrados, porque de lo contrario estaría sometida a los magostados.
El senador del ala «evista» Hilarión Mamani aseveró que se trabajará en la ley corta y se revisará la decisión del TSE. Recordó que en reiteradas oportunidades se impidió la realización de las elecciones judiciales, a pesar de los intentos del legislativo.
Los «evistas» y opositores coincidieron también en que los magistrados merecen un juicio de responsabilidades por esta decisión.
La senadora Silvia Salame mencionó que con la prórroga, lo magistrados se estarían arrogando una competencia que no tienen y estarían modificando la estructura del Estado.
Salame dijo que no se puede cumplir la decisión del TCP. Espera que se tome medidas en instancias legislativas, pero ella realizará la denuncia respectiva.
Por su parte, presidente de Diputados, Israel Huaytari, manifestó que esta tarde se reunirán con las tres fuerzas políticas donde evaluaran y determinaran las acciones que se tomaran ante la autoprórroga de magistrados.
«Hasta el momento no tenemos en documento el fallo del TCP. Esta tarde tenemos una reunión entre las tres fuerzas políticas, bajo la convocatoria del vicepresidente del Estado, seguro se va a dar lectura y en base a eso tomaremos una decisión. Esto no puede perjudicar al país porque hay un desgaste fuerte de los que administran la justicia», indicó.
Los Tiempos
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