En pasados días el Ministerio Público de Tarija formalizó una imputación penal en contra del gobernador de Tarija, Oscar Montes, del alcalde Johnny Torres y del cívico Adrián Ávila por el presunto delito de instigación pública a delinquir debido a la convocatoria al paro cívico de noviembre en rechazo a las leyes 1386 y 342 de lucha contra las ganancias ilícitas.
En entrevista lograda por EL GUADALUPANO Periódico Digital Juan José Choque Abogado del denunciante Aldo Velásquez Ejecutivo de la Federación de Comunidades Campesinas revelo que fue el mismo Adrián Avila Resse Presidente del Comité Cívico que en una declaración brindada a los medios de comunicacion dice de manera enfática durante los días de bloqueo en noviembre de la pasada gestión 2021 que tiene el apoyo logístico de la Gobernación con Oscar Montes y de la Alcaldía con Johnny Torres con recursos humanos y apoyo logístico para sostener la medida extrema de presión contra la Ley 342 que pretendía aplicarse en el país para la lucha contra las ganancias ilícitas.
Choque confirmo que durante esta jornada la justicia definió suspender la audiencia en contra del Gobernador y el Alcalde de Tarija porque no se hubiese notificado al Ministerio Publico con los incidentes que hubiesen presentado Gabriel Perez y los Hermanos Sanabria por lo que el juez cautelar tomo la decisión de postergar la actuación procesal para el viernes 4 de febrero a horas 8:30 de la mañana.
El abogado puntualizo que tanto Oscar Montes, Jhonny Torres y Adrián Ávila se han adherido a los incidentes presentados por Perez sobre actividad procesal defectuosa que vulnera el principio del debido proceso al no notificar los recursos a la Fiscalía de nuestro distrito.
Choque afirmo que su defensa se basara en demostrar que se actuó con violencia el pasado 11 de noviembre del 2021 con 36 puntos de bloqueo donde hubieron escudos de fierro para intimidad a la población donde se constata el delito de la instigación publica a delinquir además del delito de Sedición porque han promovido el desconocimiento de un Gobierno legalmente constituido y se han alzado públicamente para oponerse al cumplimiento de leyes y decretos del Gobierno nacional al oponerse a la norma aprobada de lucha contra las ganancias ilícitas, finalizo el responsable de la defensa legal del dirigente campesino Aldo Velásquez.
Evelin Castillo Maraz
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