Dos abogadas, en representación del gobierno de Jeanine Añez, fueron parte denunciante en procesos contra Carlos Romero, Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca.
Dos apoderadas del exministro Arturo Murillo también representaron al actual titular de Gobierno, Eduardo del Castillo. Las dos abogadas fueron denunciantes en los procesos abiertos contra el expresidente Evo Morales, sus exministros y militantes del MAS que protagonizaron en 2019 movilizaciones violentas en Cochabamba y, además, solicitaron que sean encarcelados.
Un caso similar le costó la destitución al exviceministro de Régimen Interior y Policía Nelson Cox, quien antes de ser sacado del cargo fue presionado para despedir a uno de sus colaboradores, Augusto Villarroel.
Ese abogado confirmó que ayudó y firmó como testigo de la hermana del exministro Murillo en el acta del allanamiento que la Policía realizó en mayo de 2021 al domicilio de Mireya Murillo, pero negó enfáticamente haber sido abogado de esa familia.
De acuerdo con dos testimonios notariales a los que tuvo acceso Página Siete, las abogadas Andrea B. L. F. y Daniela A. R. C. fueron apoderadas y realizaron varias diligencias jurídicas en representación de Murillo.
El exministro se constituyó en denunciante en procesos como el abierto contra el expresidente Morales y Faustino Yucra, por presunto terrorismo, luego de que se difundió un audio en el cual el exmandatario pide cercar las ciudades para que no ingresen alimentos, en 2019.
Los nombres de ambas abogadas también figuran en los registros de la Fiscalía en casos contra los exministros Carlos Romero, Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, entre otros.
Sin importar el contenido de sus denuncias y los indicios presentados, estos casos, luego del cambio de Gobierno, con Eduardo del Castillo como ministro, terminaron por derivar en rechazos y sobreseimientos.
La anterior semana, los representantes del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) publicaron una resolución en la que expresan su censura al ministro Del Castillo y en conferencia de prensa exigieron su cambio y el de su equipo de trabajo por estar ligados al exministro Murillo.
“La mencionada funcionaria está plenamente identificada como la responsable de ordenar la persecución de sectores sociales de la zona Sur de Cochabamba y de entorpecer el avance de los procesos penales contra los llamados golpistas”, señala parte de su pronunciamiento.
El Testimonio Notarial 247 del 12 de junio de 2020 dice que Murillo firmó un poder en favor de 10 abogados, entre ellos, las dos abogadas cuestionadas.
Sin embargo, el 25 de febrero de 2021, Del Castillo firmó otro poder similar para habilitar en los procesos a 14 y en el mismo documento aparecen los nombres de ambas juristas.
Un funcionario del Ministerio de Gobierno, quien pidió reserva de su identidad, confirmó que el viernes renunció al cargo Andrea B. L. F. En su carta de renuncia dirigida al Ministro, la abogada afirma ser militante del denominado “proceso de cambio” y aseguró que decidió renunciar para evitar que se dañe la gestión de Del Castillo.
Este medio contactó con la abogada, pero se negó a dar su versión. Afirmó que se encontraba en una cita médica y que sería ella quien devolvería la llamada, pero hasta el cierre de esta edición no se puso en contacto.
La misma fuente en reserva aseguró que la publicación de documentos que perjudicaron a Cox y Villarroel fue gestada por el círculo de confianza del ministro Del Castillo, autoridad a la que acusan de haber gestionado el cambio de otros dos viceministros anteriores.
Luego de ser destituido, el abogado Augusto Villarroel publicó en sus redes sociales una versión sobre el alejamiento y posterior destitución del exviceministro Cox. Apuntó a Del Castillo por ocultar la información sobre la relación que tenía con la hermana de Murillo y sostuvo que esto se debe una “pugna de poder” interna.
Pagina Siete
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