Uno de los juicios de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez era por el préstamo que autorizó del FMI en 2020
El uso de los Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del Estado boliviano, unos $us 320 millones, provocó la reacción de la ex Presidenta, Jeanine Áñez, quien acusó al gobierno de Evo Morales y al de Luis Arce de haber despilfarrado el dinero del país.
“Mi gobierno logró préstamo FMI para la emergencia por pandemia Covid-19. En 14 años de gobierno, el huido y su cúpula masista gastaron reservas del país en empresas deficitarias y museos personales: 0 en salud” señala el tuit que publicó, la tarde del miércoles, en su cuenta.
En las últimas tres semanas el Gobierno experimentó su peor crisis en el ámbito económico con la caída de las reservas internacionales, la falta de dólares y la baja calificación de deuda de Bolivia de B a B- que se conoció el martes.
En abril de 2020 el gobierno de Jeanine Áñez había recurrido al Fondo Monetario Internacional (FMI) para un crédito concesional de $us 320 millones para financiar el pago de los bonos, aunque no se detalló cuáles bonos, fue la primera vez que el Estado recurrió al organismo multilateral en muchos años.
Casi un año después, en febrero de 2021, el Gobierno de Luis Arce decidió la devolución de ese préstamo que también fue parte de las DEG. Una vez devuelto el dinero anunció el procesamiento de todas las exautoridades y funcionarios que hubieran participado en la operación.
De hecho, el ministro de Justicia, Iván Lima presentó en marzo de 2021 una proposición acusatoria en contra de Jeanine Áñez por ese préstamo del FMI, aunque el caso nunca prosperó en el Tribunal Supremo de Justicia.
Ahora, el Gobierno tuvo que admitir la disposición de los 320 millones que tenía el Estado en el FMI y aludió a una facultad del Banco Central de Bolivia para disponer de esos recursos. Hasta el momento no se cuestionó legalmente esa acción financiera.
“Hoy usan FMI para tapar su derroche. La crisis tiene nombres: Evo/Arce”, acusó la exPresidenta en su publicación. Los legisladores del oficialismo salieron rápidamente a defender las acciones del Gobierno y minimizaron la acusación que lanzaron en su momento contra Jeanine Áñez.
El Banco Central de Bolivia, a través de un comunicado, respondió: «El gobierno de facto solicitó de forma irregular un crédito de la línea Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR, por sus siglas en inglés), mismo que no contó con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como establece el Art. 322 de la CPE, motivo por el cual tuvo que ser devuelto por la actual gestión de gobierno».
El Deber
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