El alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, se refirió a la propuesta del Gobierno nacional sobre el adelanto de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para la gestión 2026, aclarando que esta medida no representa una devolución definitiva de los recursos retenidos por la denominada Ley del 12%, sino únicamente un anticipo económico para los municipios del país.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, la autoridad municipal explicó que el planteamiento del Ejecutivo busca adelantar recursos que de todas maneras corresponderían a las alcaldías en futuras gestiones, motivo por el cual considera que todavía queda pendiente resolver la devolución total de los montos descontados durante varios años a los gobiernos municipales.
Torres señaló que, pese a las observaciones realizadas al planteamiento gubernamental, cualquier ingreso económico adicional resulta importante para las alcaldías, especialmente en un contexto de crisis financiera y reducción de recursos. En ese sentido, indicó que estos fondos podrían servir para atender necesidades inmediatas mientras continúan las gestiones para lograr una solución estructural relacionada con el IDH y la redistribución tributaria.
La autoridad recordó además que desde los municipios se impulsa el debate sobre el modelo “50-50”, propuesta que busca una distribución más equilibrada de los recursos nacionales entre el gobierno central y las regiones. Según explicó, el objetivo es fortalecer la capacidad económica de las alcaldías para ejecutar obras, mejorar servicios y responder a las demandas de la población.
Asimismo, el alcalde informó que la Alcaldía de Tarija debería recibir aproximadamente 51 millones de bolivianos correspondientes a la devolución acumulada del IDH retenido durante los últimos años. Indicó que este monto forma parte de los cálculos realizados sobre los recursos que dejaron de percibir los municipios a raíz de la aplicación de la Ley del 12%.
Finalmente, Johnny Torres sostuvo que las gestiones continuarán junto a otras alcaldías del país para consolidar mecanismos que permitan recuperar los recursos observados y garantizar una mayor participación de los gobiernos municipales en la administración de los ingresos nacionales, considerando que las regiones enfrentan permanentemente obligaciones económicas y demandas sociales crecientes.
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