Morales se mantiene en el Trópico de Cochabamba desde octubre del año pasado, bajo el resguardo de sus sectores leales ante la posibilidad de que la Policía ejecute una orden de aprehensión en su contra.
Los seguidores del expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) reforzarán su seguridad para evitar que se ejecute la nueva orden de aprehensión que dictó este viernes un juez tras declararlo «rebelde» al no presentarse por segunda vez a una audiencia relacionada con un caso de trata agravada de personas.
«Lo que vamos a hacer es resguardar la seguridad física (y) personal, vamos a reforzar esa vigilia que existe a favor del compañero Evo Morales en la localidad de Lauca Ñ», declaró esta jornada en conferencia de prensa el dirigente campesino Nelson Virreira.
El campesino consideró que el proceso contra Morales, a quien supuestamente se acusa de sostener una relación con una menor que le habría dado un hijo, es «político» y tiene el objetivo de «inhabilitarlo para las elecciones de este año».
Morales se mantiene en el Trópico de Cochabamba (centro) desde octubre del año pasado, bajo el resguardo de sus sectores leales ante la posibilidad de que la Policía ejecute una orden de aprehensión en su contra.
Asimismo, la senadora Lucy Escobar, del bloque oficialista que respalda al exmandatario, afirmó que el fondo del proceso «es político» debido al «miedo» que, aseguró, tienen tanto el presidente boliviano, Luis Arce, como el vicepresidente, David Choquehuanca, a la candidatura presidencial de Morales.
El exgobernante dice estar habilitado para ser nuevamente candidato pese a que existe una sentencia del Tribunal Constitucional, de finales de 2023, que señala que la reelección en Bolivia es por «una única vez» de forma continua o discontinua, lo que fue confirmado por un fallo constitucional el año pasado.
Morales gobernó Bolivia en tres periodos (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019) por lo que estaría impedido de ser candidato.
Este viernes, Morales debía comparecer ante un tribunal en la sureña región de Tarija después de que el martes se suspendió el acto judicial debido a que sus abogados presentaron un certificado médico que indicaba que tenía una bronconeumonía y debía guardar «reposo absoluto».
El juez Nelson Rocabado consideró este mismo viernes que los argumentos expuestos por la defensa de Morales respecto a su situación de salud «no son elementos legítimos» para no haberse presentado.
Además de la declaración de «rebeldía», se impuso al exmandatario un «arraigo nacional», la anotación preventiva de sus bienes y una orden de aprehensión, así como una notificación por edicto.
La Fiscalía imputó a Morales en diciembre por el delito de trata de personas agravada por supuestamente mantener una relación con una menor de edad con la que tuvo un hijo en 2016, cuando la presunta víctima pertenecía a un grupo político juvenil creado durante su Presidencia.
Además, en el proceso se indica que los padres de la supuesta víctima se «lucraron» con ella al entregarla al expresidente a cambio de «favores», por lo que también son procesados.
También este viernes, se conoció un memorial que presentó hace poco la mujer, en el cual indicó que «jamás ha sido víctima de trata» de parte de sus padres «ni por ninguna persona», y que «nadie la obligó a embarazarse».
Además, aseguró sentirse víctima de la «persecución» que le hacen el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, y la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.
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