La exdiputada Luciana Campero acusó a legisladores de cobrar para favorecer al exfiscal general en 2024. El diputado Carlos Arlarcón admitió que su bancada rechazó un recurso judicial, pero negó haber ordenado su retiro.
La elección de Róger Mariaca como fiscal general del Estado, el 21 de octubre de 2024, volvió a generar controversia. En una columna publicada este miércoles en EL DEBER y titulada “MariacaZO: cómo se compró al fiscal general de Bolivia”, la exdiputada Luciana Campero denunció una presunta compra de votos en la Asamblea Legislativa y acusó a Carlos Alarcón de haber promovido el retiro de una demanda que buscaba frenar la designación. Alarcón lo negó.
Mariaca obtuvo 115 votos de los 161 asambleístas presentes, es decir, más de dos tercios. La elección se definió en la segunda votación. Campero sostuvo que el resultado respondió a pagos a legisladores y describió una maniobra con bolígrafos de tinta borrable.
Según su relato, dos diputados opositores habrían entregado dinero y facilitado esos bolígrafos para que sus colegas marcaran primero la papeleta a favor de Montellano, fotografiaran el voto como prueba para sus bancadas y luego borraran la marca para sufragar por Mariaca y cobrar. La exlegisladora no identificó a los operadores ni presentó en la columna pruebas de esos pagos.
Campero también afirmó que el 9 de octubre de 2024 presentó en Sucre una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la norma de convocatoria. Aseguró que, pocas horas después, recibió presiones de dirigentes de Comunidad Ciudadana (CC) para retirar el recurso, incluidas amenazas de quitarle su curul.
La exdiputada atribuyó a Alarcón una promesa transmitida por un dirigente de CC: Mariaca no obtendría los dos tercios. “Carlos Alarcón me dio su palabra. Mariaca no tiene los dos tercios”, escribió al reproducir el supuesto mensaje. Dijo que confió en ese compromiso y retiró su demanda. Cuestionó que Alarcón exigiera después la salida del fiscal que, a su juicio, ayudó a elegir.
En declaraciones a Correo del Sur, Alarcón negó haber hablado con Campero o enviado intermediarios para convencerla. “Nunca he hablado con ella, ni de manera directa, ni indirecta, ni por interpósita persona sobre esa demanda”, aseguró.
Admitió que analizó el recurso con Carlos Mesa y responsables parlamentarios de CC. Explicó que lo consideraban un “disparate” porque podía paralizar toda la elección y permitir que Juan Lanchipa permaneciera como fiscal general. Añadió que acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional significaba, desde la posición de su bancada, legitimar a los magistrados a los que calificaban de autoprorrogados.
“Nosotros optamos por votar por Montellano”, sostuvo Alarcón, al insistir en que se oponían a la interrupción del proceso, no para favorecer a Mariaca, sino para evitar la continuidad de Lanchipa.
La controversia se reabre mientras Mariaca cumple detención preventiva en Cantumarca, Potosí, investigado por presuntos delitos relacionados con organización criminal, tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas. Las acusaciones sobre la compra de votos y las presiones a Campero no han sido establecidas judicialmente.
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