El director del Hospital Univalle Sur, Oscar Tejada, informó ayer que alrededor del 50 por ciento de las camas habilitadas para internación de pacientes con Covid-19 están ocupadas y rechazó que el nosocomio se encuentre colapsado con pacientes de coronavirus.
El fin de semana, pacientes alertaron que el área de Covid-19 colapsó y obligó a personal de salud a habilitar salas dobles para la atención de pacientes que portan el virus.
“Se ha tomado todas las previsiones como para manejar a los asegurados. En este momento, nuestras unidades de terapia intensiva no están colmadas”, aclaró.
Tejada precisó que en el nosocomio que dirige existen cinco equipos para atender a pacientes críticos, de los que sólo dos unidades de terapia intensiva están ocupadas.
Enfatizó que además cuentan con 12 camas de hospitalización para pacientes que requieren internación, de las que siete están ocupadas.
“Nosotros tenemos dos unidades hospitalarias para atender a los asegurados y a la población”, remarcó.
Tejada añadió que están preparados para enfrentar el rebrote y recordó que Univalle manejó gran cantidad de pacientes con Covid-19 en la primera ola de contagios, por lo que cuenta con experiencia en la gestión de la crisis sanitaria.
Otros reclamos
Otra queja de los usuarios es el excesivo costo que se estaría cobrando por los servicios.
Un paciente denunció que para acceder a una cama de internación en una clínica privada le solicitaron 20 mil bolivianos como anticipo y garantía, pese a que desde el Ministerio de Salud anunciaron sanciones drásticas por estas irregularidades.
Sobre este tema, la asambleísta departamental Lineth Villarroel detalló que la Unidad de Calidad y Servicios del Servicio Departamental de Salud (Sedes) en un informe señala que no puede fijar los precios por la internación de pacientes porque esta es una competencia del Gobierno nacional.
“El director del Sedes nos indicó que como institución sólo tiene competencia para verificar que los costos tengan una fundamentación”, mencionó.
Villarroel enfatizó que se solicitó información sobre este tema en julio de 2020, cuando la pandemia alcanzó el pico de casos en la primera ola y familiares de pacientes internados en clínicas privadas denunciaron públicamente cobros excesivos.
“En ese entonces, las clínicas argumentaron que la provisión de medicamentos a costos altos y la disponibilidad de los especialistas hizo que los precios aumenten”, reiteró.
La legisladora aseveró que la falta de un estatuto autonómico en el departamento frena la implementación de mayor control a establecimientos de salud privados.
Por otro lado, anunció que solicitó al Sedes los planes de contingencia que elaboraron las alcaldías de Cochabamba, Quillacollo y Sacaba ante el ascenso de casos de coronavirus.
DENUNCIAS DEBEN INVESTIGARSE
El asambleísta departamental Mario Orellana dijo que las denuncias de cobros excesivos, retención de pacientes o anticipos deben investigarse porque son actos de discriminación para acceder a la salud.
“Estarían atentando contra los derechos y garantías constitucionales de todo ciudadano. Hay clínicas que caen en abusos a los pacientes porque no conocen la normativa, pero este tipo de situaciones no debería darse, peor una retención por falta de pagos”, dijo.
Orellana anticipó que solicitará al Sedes un informe sobre las acciones que asumió para evitar esas irregularidades, tras confirmarse un rebrote.
Los Tiempos
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