
La crisis por los bloqueos en distintas rutas del país continúa generando preocupación en el sector del transporte pesado, que denuncia pérdidas económicas, cobros ilegales y abandono por parte del Gobierno nacional. Desde Tarija, dirigentes del autotransporte advirtieron que cientos de conductores están retornando a sus regiones sin recursos económicos, luego de permanecer varados durante varios días en carreteras bloqueadas, enfrentando además presuntas extorsiones para poder circular.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, el ejecutivo del autotransporte 15 de Abril, Gabriel Pérez, manifestó que la situación se volvió insostenible para los choferes, quienes —según afirmó— debieron pagar montos que oscilaban entre 150 y 200 bolivianos en distintos puntos de bloqueo para lograr avanzar. El dirigente aseguró que varios transportistas llegaron a gastar hasta 1.500 bolivianos solamente para atravesar las rutas y retornar a Tarija, calificando estos cobros como actos de “extorsión” que están golpeando duramente al sector.
Pérez sostuvo que los bloqueos dejaron de ser una protesta social para convertirse en una medida con fines políticos que afecta a toda la población boliviana. Indicó que muchos conductores se quedaron sin alimentos ni dinero durante los días de conflicto, obligándose a pagar para evitar permanecer más tiempo detenidos en las carreteras. Según explicó, algunos puntos de bloqueo funcionaban prácticamente como “peajes ilegales”, donde los transportistas debían cancelar dinero para continuar su viaje.
El dirigente también cuestionó la postura del Gobierno nacional frente al conflicto y afirmó que existe demasiada pasividad ante las movilizaciones. A su criterio, las autoridades deben asumir medidas más firmes para restablecer la transitabilidad y garantizar la libre circulación en el país. En ese sentido, pidió que el Ejecutivo aplique mecanismos legales más severos para levantar los bloqueos y frenar los hechos de violencia y cobros irregulares denunciados por los transportistas.
Asimismo, Pérez criticó que algunos sectores movilizados continúen imponiendo condiciones al Gobierno pese a los daños económicos ocasionados. Señaló que el país atraviesa un momento delicado y lamentó que miles de familias estén siendo perjudicadas por la paralización de rutas, el desabastecimiento y el incremento de costos en el transporte de productos y mercancías. También cuestionó la falta de presencia de varias autoridades nacionales en la resolución del conflicto.
Finalmente, el ejecutivo del autotransporte aseguró que existe indignación y cansancio dentro del sector, no solo por los bloqueos, sino también por los abusos que según denunció se registran en distintos puntos del país. Remarcó que los transportistas continuarán exigiendo garantías para trabajar y pidió al Gobierno actuar con mayor firmeza para evitar que las carreteras sigan siendo escenario de conflictos, cobros ilegales y perjuicios económicos para toda Bolivia.