El conflicto social y los bloqueos que continúan afectando diferentes rutas del país mantienen en alerta al sector del transporte tarijeño, cuyos dirigentes consideran que las medidas de presión ya sobrepasaron los límites y están causando graves perjuicios económicos y sociales. Desde el sector aseguran que la paralización de carreteras golpea directamente a miles de familias que dependen del trabajo diario y exigen al Gobierno asumir acciones más firmes para restablecer el orden y garantizar la libre transitabilidad.
En declaraciones a El Guadalupano Periódico Digital, el ejecutivo del Auto Transporte 15 de Abril de Tarija, Gabriel Pérez, afirmó que el Gobierno nacional debió actuar con mayor contundencia desde el inicio del conflicto, incluso utilizando mecanismos constitucionales para despejar las vías y evitar que continúe la paralización del país. Señaló que la economía nacional ya se encuentra bastante afectada y que mantener carreteras bloqueadas solo profundiza la crisis que atraviesan distintos sectores productivos y comerciales.
Pérez sostuvo que las movilizaciones actuales tienen un trasfondo político y aseguró que varios sectores están buscando generar desestabilización. En ese sentido, anunció que el transporte participará en movilizaciones de respaldo a la democracia y al respeto del orden constitucional. El dirigente reconoció que pueden existir errores o fallas dentro del Gobierno, pero remarcó que las diferencias deben resolverse dentro del marco legal y no mediante bloqueos y confrontaciones.
Asimismo, cuestionó la falta de ejecución de órdenes de aprehensión contra dirigentes y personas señaladas de promover los conflictos. Indicó que mientras algunos sectores son procesados judicialmente por protestas o movilizaciones, otros continúan realizando medidas de presión sin que existan acciones concretas por parte de las autoridades competentes. Para el dirigente, esta situación genera molestia y sensación de desigualdad en la aplicación de la justicia.
El ejecutivo recordó además que dirigentes del transporte enfrentaron durante años procesos judiciales por movilizaciones relacionadas con la defensa de intereses nacionales y sectoriales. Señaló que en anteriores conflictos incluso sufrieron agresiones y daños materiales contra sus unidades, sin que hasta la fecha existan responsables sancionados. En ese marco, cuestionó por qué actualmente no se aplican medidas similares contra quienes —según afirmó— están perjudicando gravemente al país con los bloqueos.
Finalmente, Gabriel Pérez manifestó su preocupación por las consecuencias económicas y sociales que atraviesan principalmente las ciudades de La Paz y El Alto, donde miles de personas viven del trabajo diario y hoy enfrentan dificultades debido a la paralización. Añadió que el país necesita estabilidad, libre circulación y garantías para trabajar, por lo que pidió a las autoridades nacionales actuar de manera inmediata para devolver la tranquilidad y evitar una mayor escalada del conflicto social.
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