El ejecutivo de la Federación del Autotransporte 15 de Abril, Gabriel Pérez, manifestó su rechazo al proyecto de Ley 070 de libre transitabilidad y protección del pueblo boliviano, conocido como ley antibloqueos, al considerar que las sanciones previstas podrían limitar el derecho de la población a movilizarse y expresar sus demandas.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, Pérez sostuvo que las protestas y movilizaciones históricamente fueron utilizadas por diferentes sectores para llamar la atención de las autoridades cuando sus pedidos no son atendidos. En ese sentido, cuestionó que se pretenda establecer sanciones penales contra quienes participen u organicen estas medidas.
El dirigente del transporte afirmó que su sector rechaza totalmente la propuesta normativa, porque considera que podría generar temor entre la población al momento de ejercer medidas de presión frente a decisiones gubernamentales que sean consideradas contrarias a sus intereses.
Pérez advirtió que, de aprobarse la norma en los términos planteados, se podría reducir la capacidad de movilización de los sectores sociales y sindicales. Por ello, pidió que el proyecto sea sometido a un análisis amplio antes de continuar con su tratamiento en la Asamblea Legislativa.
El representante del autotransporte también dirigió su atención a los diputados y senadores, señalando que deberán definir su posición frente a la propuesta y tomar en cuenta que, en algún momento, podrían volver a desempeñarse como parte de las bases sociales a las que actualmente representan desde el Legislativo.
Asimismo, calificó de preocupante la posibilidad de establecer penas de cárcel para dirigentes que participen en movilizaciones en defensa de demandas colectivas. Según Pérez, este aspecto debería ser revisado cuidadosamente para evitar que la normativa termine afectando el ejercicio de la protesta social.
Sin embargo, el dirigente reconoció que no todos los paros o bloqueos tienen las mismas características, por lo que consideró necesario diferenciar aquellas medidas que responden a demandas concretas de las que no tendrían una justificación suficiente. A su criterio, esta distinción debe formar parte del análisis del proyecto de ley.
Finalmente, Pérez cuestionó específicamente la posibilidad de imponer hasta 10 años de prisión por la participación en bloqueos y pidió a los legisladores evaluar las consecuencias que tendría una medida de esta naturaleza antes de aprobar la normativa.
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