
La Gobernación de Tarija, a través de su Secretaría de Desarrollo Productivo, ha adoptado una postura firme frente a la actividad minera irregular en el departamento. Así lo informó el secretario Efraín Rivera, quien remarcó que se está trabajando para establecer un precedente que impida el avance de operaciones extractivas sin el debido control ambiental y legal.
“Estamos decididos a poner un alto a las prácticas mineras que se realizan al margen de la institucionalidad departamental”, afirmó Rivera en diálogo con El GUADALUPANO Periódico Digital señalando especialmente a las grandes empresas que operan bajo resoluciones nacionales sin una supervisión efectiva en la región.
Según explicó el secretario, actualmente muchas actividades mineras en Tarija se respaldan únicamente en resoluciones emitidas por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), lo cual genera un vacío en el control regional. Estas autorizaciones permiten a diversas cooperativas iniciar operaciones sin contar con una verificación técnica ni ambiental en territorio tarijeño.
“Lo que se busca es dejar en claro que en Tarija no vamos a permitir este tipo de operaciones, porque todo se está manejando desde la AJAM, sin coordinación con las instancias locales”, manifestó Rivera. Agregó que esta situación está generando un riesgo latente para los ecosistemas y las comunidades cercanas a los proyectos mineros.
Además, Rivera denunció que las resoluciones de la AJAM son enviadas al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, instancia que luego habilita oficialmente a estas cooperativas, fomentando un movimiento económico sin los filtros de control y fiscalización que exige la ley ambiental. “Esto impide hacer un seguimiento individualizado a cada actor minero”, lamentó.
En ese contexto, la Gobernación celebra el reciente fallo judicial que logró frenar una operación minera que causaba daños significativos en una de las principales fuentes hídricas del sur del país. “Ha sido un paso importante el que se ha logrado con la acción del juez, especialmente en la defensa del río San Juan del Oro”, sostuvo.
El secretario Rivera subrayó que este caso marca un precedente clave en la protección de los recursos naturales de Tarija y refleja que el trabajo articulado entre instituciones puede frenar los impactos negativos de la minería. “Estamos en una lucha por el territorio, el agua y el bienestar de las futuras generaciones”, declaró.
Finalmente, la Gobernación reiteró su compromiso con el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente, haciendo un llamado a las autoridades nacionales para trabajar de forma coordinada y respetuosa con las autonomías departamentales.