El conflicto financiero entre la empresa Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) y varios gobiernos municipales del departamento ha escalado. La empresa estatal decidió intensificar acciones judiciales para exigir el pago de obligaciones pendientes por concepto de alumbrado público, que en su conjunto alcanzan un monto superior a los 40 millones de bolivianos.
En contacto con El Guadalupano, el gerente general de Setar, Marco López, confirmó que se ha activado una segunda fase de procesos legales ante la falta de acuerdos con la mayoría de los municipios. “Estamos ejerciendo nuestra responsabilidad institucional iniciando juicios para recuperar lo que corresponde a la empresa”, afirmó.
López aclaró que solo tres municipios Cercado, Bermejo y Yacuiba han asumido su compromiso y actualmente están saldando sus deudas mediante convenios y pagos periódicos. “Los demás gobiernos municipales no han demostrado voluntad ni han presentado planes de pago concretos”, lamentó.
La deuda acumulada abarca el periodo comprendido entre octubre de 2022 y junio de 2025. Según explicó el gerente, el monto adeudado ha venido creciendo debido a la falta de pagos sostenidos y la nula respuesta a las notificaciones enviadas.
La determinación de Setar surge luego de agotar las vías de conciliación administrativa. “Hemos intentado establecer mesas de diálogo con cada alcaldía, pero en muchos casos no hubo siquiera respuestas formales”, indicó López.
Desde la empresa se asegura que estas medidas judiciales no afectarán el servicio regular de energía eléctrica, pero sí buscan sentar precedente sobre la obligación de los entes públicos de cumplir sus compromisos financieros.
López también recordó que Setar tiene responsabilidades con sus propios proveedores, lo que hace urgente recuperar los recursos económicos que hoy están en mora. “Estos 40 millones podrían ser invertidos en mejoras para el sistema eléctrico departamental”, afirmó.
Finalmente, la empresa reiteró que los municipios que deseen evitar juicios aún pueden acercarse y regularizar su situación mediante acuerdos formales, siempre que demuestren voluntad real de pago y cumplimiento.
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