El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, llamó a los diferentes órganos del Estado a acordar una solución respecto a la situación de las elecciones judiciales, toda vez que los actuales magistrados culminarán su mandato el 31 de diciembre. Dijo que no se puede dejar al pueblo sin altas autoridades de tribunales.
«No pueden dejar al pueblo boliviano con una vacancia del Órgano Judicial sin impartir justicia a los bolivianos, porque se ha explicado que existen competencias muy propias de los altos tribunales», dijo Torres.
Explicó, por ejemplo, que de quedarse en vacancia los altos tribunales dejarían de ejecutoriarse casos penales, se dejaría sin tutelarse recursos relativos a derechos construccionales y se afectaría la selección de jueces.
«Nuevamente reiteramos que la solución pasa por los Órganos del Estado o a través de una interpretación constitucional o recogiendo la jurisdicción que pueda existir, se dé solución a que el Órgano Judicial no caiga en acefalía o no tengamos las funciones jurisdiccionales que son necesarias y vitales a partir del 3 de enero del 2024», afirmó.
En este contexto, la Cámara de Diputados aún no ha tratado la ley de convocatoria para la preselección judicial y el Órgano Electoral descartó que se puedan realizar las elecciones este 2023.
El recurso que presentó el TSJ
En medio de la controversia, el TSJ elevó una consulta al Tribunal Constitucional respecto al proyecto de ley para convocar a las elecciones judiciales, al considerar que hay duda de que se ajuste a la Carta Magna.
Torres explicó que se ha decidido hacer la consulta al considerar que el proyecto de ley generaría una vacancia en los altos tribunales y suspende plazos procesales.
Negó que la intención sea perjudicar las elecciones judiciales y recordó que ni siquiera existe fecha para estos comicios. Aclaró que como TSJ hacen votos para que estas elecciones se hagan lo más antes posible.
Sin embargo, indicó que el país se encuentra ante un hecho inédito y que, de acuerdo con la Constitución, no debe paralizarse la impartición de justicia ni pueden ser suspendidos los plazos procesales.
«Por estas competencias propias que tienen estos altos tribunales no pueden ser impedidos, no pueden ser suspendidos, no pueden declararse vacantes. Eso es lo que manda la Constitución», agregó.
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