El Ejecutivo sale a los medios oficiales para justificar el procesamiento en contra de líderes cruceños.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseguró que en los 36 días de paro por el censo los cívicos cometieron violaciones a los derechos humanos contra, niños, mujeres, como hechos de violencia y discriminación, por los cuales deben ser castigados.
“Lamentamos las vulneraciones a derechos humanos que se produjeron en los 36 días de paro, como al derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la alimentación. Lo que sucedía con los niños en los puntos de bloqueo que eran usados para cobrar (dinero) y dejar pasar”, dijo la ministra.
En una entrevista en el canal oficial, Prada manifestó que “no podemos permitir que se normalice estas situaciones, que quieren maquillar y construir una narrativa romántica del supuesto derecho a la protesta. Qué ejemplo damos a la niñez cuando este tipo de violencia y vandalismo se naturaliza”.
Complementó que esos temas generan “una ruptura en el tejido social y cuesta sanar estas heridas». Lamentó los discursos de odio entre campo y ciudad. «Vivimos una violencia racista, es algo que debemos trabajar mucho”, remarcó.
Sin precisar cuántos y admitiendo de que no hay una contabilización oficial, la ministra aseguró que son muchísimos los hechos de violencia y que, a la tercera semana del paro habían cientos de casos.
Se refirió a la violencia contra mujeres. Dijo que la Casa de la Mujer las registró, y que por ello recibió represalias de los cívicos. “Las dirigentes fueron perseguidas y amenazadas. Ojalá que, así como se habla de la cruceñidad con ese mismo entusiasmo se asuma una vida libre de violencia contra las mujeres”.
Según Prada, Santa Cruz es el departamento “que más violencia contra nosotras registra, y estos datos van más allá del paro. Es el primer delito en nuestro departamento y eso no se debe normalizar”, manifestó.
Mencionó el caso del subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, “quien protagonizó actos de violencia contra compañeras que protestaban contra el paro”. Asimismo, se refirió a hechos de discriminación, como el caso de que llamaran lacra social a los ayoreos y el caso en que una mujer denunció que en su punto de bloqueo le obligaron a sacarse la pollera.
Posteriormente, se preguntó quién cubrirá los costos del paro, más allá de las vidas humanas, y de $us 1.200 millones de pérdidas. “Hicimos una propuesta antes de los 36 días y es la que se ha recibido al final. El gobernador no asume sus responsabilidades y se escuda en la cruceñidad. Lo que no hace en obras, busca violencia y tilda de traidor a quien no piensa como él. La violencia no es el camino y esto se pudo evitar. Así que quienes promovieron el paro deben asumir sus culpas ante la justicia”.
El Deber
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