El vocero presidencial, Jorge Richter, también reveló que el Gobierno evaluaba dos caminos: el uno era militarizar, generar un estado de excepción, y el otro era buscar una salida
El vocero presidencial, Jorge Richter,admitió que el Gobierno cedió con la Ley del Censo para pacificar Santa Cruz, que cumplió su objetivo, pero sentenció que las tres cabezas del paro de 36 días: Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuéllar, deben responder por la violencia, las muertes y por las pérdidas de más de $us 1.200 millones.
Cuando, en Bolivia TV, le preguntaron si es que el paro era necesario, el vocero pasó a explicar por qué el presidente decidió aceptar la ley. Dijo que “en noviembre aumentaba la violencia en la medida que duró 36 días. El Comité Interinstitucional (Impulsor del Censo 2023) incrementaba la crudeza y luego de que hicieron abandono de la comisión técnica, esa misma noche atacaron Bella Vista y el Plan Tres mil. Se radicalizaron”.
Reveló que el Gobierno evaluaba dos caminos. Uno de ellos era militarizar, generar un estado de excepción, y el otro era buscar una salida. “El presidente Arce tomó la decisión, alejado de lo que de actores externos e internos opinaban, y optó por la pacificación”.
En la Asamblea Legislativa “se logró la pacificación»
El Comité Interinstitucional trasladó el conflicto a la Asamblea Legislativa “y fue allí donde se logró la pacificación, aunque la Ley no era necesaria». Richter agregó: «La fecha estaba fijada en el decreto, los recursos se iban a repartir al igual que los escaños que están garantizados por la Ley 026. La norma era un reaseguro, lo que requería el Comité para volver todo a la normalidad. Ese era el elemento que necesitaban para dejar de violentar el departamento de Santa Cruz».
A decir del vocero, el comité ha tomado esta ley «como un resultado que acredite y justifique ante la población la violencia, muerte y el perjuicio económico que causaron. Insisto, la ley no era necesaria, pero fue un camino a la pacificación».
El vocero no mencionó que el censo debía realizarse este año, que desde el Ministerio de Planificación siempre se garantizó que esa fecha era viable. Pero, de un momento a otro, el Ejecutivo la postergó dos años. La dirigencia cruceña garantizó que exista una ley que garantice que los recursos y los escaños se reasignarán antes de las elecciones de 2025.
«Ahora deben responder a la justicia»
Richter volvió a reclamar que los «miembros (del comité) siempre abandonaron o no asistieron a los procesos de negociación. Nunca hubo una predisposición real. No querían diálogo.Ellos migraron el pedido y solicitaron de pronto reasignación de escaños. Con los resultados del censo, el TSE debe trabajar un proyecto de ley en base a estos resultados con un criterio de compensación para no desbalancear la representación nacional”, aseveró.
El presidente, insistió, “preservó la vida, porque era un conflicto con una resolución que ellos sabían que iba a terminar en derrota en contra, pero necesitaban el conflicto, instalar la violenciay llevarla a todo el país, cosa que no lograron y querían volver al modelo de2019. Al final, aceptaron lo que el Gobierno les propuso antes de la medida. Nunca consideraron la propuesta. no querían diálogo, por eso no asistían o se iban de los diálogos”.
Pero, acotó, “generaron violencia, muertos y dilapidaron los recursos, más de $us 1.200 millones, lo que les tocará con la reasignación, ya lo gastaron, Ahora sus dirigentes dicen que hay persecución politica. Eso se pudo evitar, ahora deben responder a la población y a la justicia que ya los ha citado”.
Según Richter, las tres cabezas del Comité Interinstitucional le hacen daño a Santa Cruz. Mencionó al presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo y al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, pero abundó en el gobernador Luis Fernando Camacho. «No hay gestión, en realidad, vive tratando de subvertir el orden para disimular su falta de trabajo. Estudios muestran una caída en sus capacidades de gestión, esto no va a cambiar la apreciación de la opinión pública. No tiene obras”.
El Deber
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