La implementación plena de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Blas vuelve a generar debate en Tarija debido a las implicaciones económicas que tendría para los usuarios del servicio de alcantarillado sanitario. El tema cobró relevancia luego de que surgieran cuestionamientos sobre la estructura tarifaria que debe aplicarse para cubrir los costos de funcionamiento de esta infraestructura, considerada una de las más importantes para el tratamiento de aguas residuales en la ciudad.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, el exgerente de COSAALT, José Luis Patiño, explicó que la incorporación definitiva de la planta dentro del esquema operativo de la cooperativa necesariamente implica una adecuación tarifaria destinada a cubrir los costos de tratamiento. Según señaló, la normativa vigente establece que los usuarios deben aportar económicamente para garantizar la sostenibilidad del sistema de saneamiento, independientemente de la zona donde residan o de si se encuentran cerca o lejos de la infraestructura.
Patiño recordó que la Planta de San Blas se encuentra bajo administración y operación de COSAALT desde hace aproximadamente tres años, periodo durante el cual ya se venía advirtiendo sobre la necesidad de adecuar las tarifas para reflejar los costos reales del servicio. A su criterio, el funcionamiento de una planta de tratamiento requiere recursos permanentes para su mantenimiento, operación y personal técnico especializado, por lo que resulta inviable sostenerla sin una fuente de financiamiento proveniente de los usuarios beneficiados.
El exgerente también cuestionó la manera en que se manejó la información relacionada con la nueva estructura tarifaria. Afirmó que existía una propuesta técnica trabajada desde años anteriores y que no fue socializada oportunamente con los asociados ni con la ciudadanía. En ese sentido, consideró que la falta de información clara generó incertidumbre y abrió espacio para interpretaciones erróneas sobre los verdaderos alcances de la actualización tarifaria que actualmente se encuentra en debate.
Asimismo, explicó que el sistema mantiene criterios de solidaridad para proteger a los sectores de menores ingresos, especialmente a aquellas familias con consumos reducidos de agua potable. Sin embargo, indicó que el promedio de consumo en la ciudad supera los límites establecidos para acceder a esos beneficios, razón por la cual una parte importante de los usuarios podría percibir variaciones en sus facturas una vez que la nueva estructura entre en vigencia de manera integral.
Patiño detalló que durante las evaluaciones técnicas iniciales se analizaron porcentajes superiores para el cobro del servicio de alcantarillado sanitario respecto al consumo de agua potable, aunque posteriormente se optó por reducir esos niveles. Aun así, advirtió que la incorporación de una planta de tratamiento de gran magnitud necesariamente tendrá un impacto en la facturación final, debido a que ahora se incluye un componente adicional relacionado con el procesamiento de las aguas residuales.
Finalmente, lamentó que el tema no hubiera sido discutido ampliamente con dirigentes vecinales, usuarios y sectores representativos antes de su aplicación. Consideró que una socialización adecuada habría permitido aclarar dudas, construir consensos y evitar conflictos en torno a las nuevas tarifas. En su criterio, la transparencia y el acceso oportuno a la información son elementos fundamentales para que la población comprenda los cambios que implica la modernización de los servicios de saneamiento en la ciudad.
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