El expresidente Jorge Tuto Quiroga calificó como un “chiste” el edicto de convocatoria emitido contra Evo Morales, mientras que diputados de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos sostienen que el gobierno no lo detiene por temor, pese a su conocido domicilio en el Trópico de Cochabamba.
Quiroga argumentó que un edicto se publica cuando el procesado ha huido del país, pero en el caso de Evo Morales, se conocen sus domicilios en el Chapare, La Paz y Cochabamba. “Además, aparece todos los domingos en radio Kawsachun Coca, lo pueden buscar ahí”, afirmó.
“Es algo muy raro, porque si uno es dirigente de oposición, lo cazan como a Luis Fernando Camacho”, señaló Quiroga, recordando casos como del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández en Cobija o Zvonko Matkovic en Santa Cruz.
Asimismo, criticó la falta de acción del gobierno, afirmando que no solo teme a Morales, sino que tampoco localiza al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ni a otros acusados como Ponciano Santos. “Así son estas ratas miserables”, expresó en Santa Cruz.
Por su parte, la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, cuestionó el edito pudiendo notificarlo directamente en el Chapare. “¿Por qué recurren al edicto si conocen la vivienda de Evo Morales? Esto demuestra “la cobardía de un gobierno incapaz, que encubre a un pedófilo y sigue destruyendo la vida de niñas”, declaró. Además, calificó la acción como un montaje político del gobierno de Luis Arce.
El diputado de Creemos, Erwin Bazán, advirtió que, si Morales no se presenta el 14 de enero a la audiencia judicial, será una señal de que cuenta con el respaldo y la protección política suficiente desde el Chapare.
“Si no asiste, debería desplegarse un contingente policial para arrestarlo en cumplimiento de la orden de aprehensión vigente”, afirmó.
Bazán acusó al gobierno de ser el principal obstáculo para ejecutar la aprehensión de Morales, señalando que la Policía, encargada de cumplir la orden, depende directamente del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Según el legislador, “Luis Arce calcula políticamente la libertad de Evo Morales, dejando de lado la justicia”.
La oposición coincidió en que el manejo de este caso refleja una falta de voluntad política y un doble estándar en el sistema judicial boliviano.
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