Defensoría teme que se genere mayor violencia, si no se toman medidas “contundentes y oportunas”
La Defensoría del Pueblo registró ocho muertes violentas al interior de distintos recintos penitenciarios de Bolivia, en lo que va de la gestión 2025.
“Esta cifra llama profundamente la atención, ya que durante toda la gestión 2024 ocurrieron nueve muertes violentas, y en los primeros 34 días del 2025, ya se tiene ocho muertes violentas”, cita un pronunciamiento defensorial.
Este dato, de acuerdo con el mismo documento, “representa un incremento alarmante en las cifras con el agravante cualitativo de una muerte por arma de fuego, que marca un hito negativo en temas de seguridad al interior de las cárceles, que puede generar mayor violencia si no se toman medidas contundentes y oportunas”.
Las muertes de 2025
El 2 de enero, un privado de libertad murió en el centro penitenciario de Morros Blancos (Tarija) por apuñalamiento.
El 3 de enero, otro recluso murió por apuñalamiento, pero en el penal de Chonchocoro (La Paz).
El mismo día se conoció de la muerte violenta de un privado de libertad en CERPROM (Montero – Santa Cruz).
El 12 de enero, ocurrió un hecho de feminicidio y suicidio en el penal de Palmasola (Santa Cruz), con dos fallecidos.
El 26 de enero, un reo fue asesinado con arma de fuego en el interior del penal de Chonchocoro.
La noche del 3 de febrero, dos privados de libertad fueron encontrados muertos en una celda, también del penal de Chonchocoro y con heridas punzocortantes.
El centro penitenciario de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha del departamento de La Paz, es considerado como un penal de “máxima seguridad”, pero ahora es el escenario de la mayoría de las muertes violentas en las cárceles.
“Llamado urgente”
La Defensoría recordó que el Estado boliviano ratificó una serie de tratados internacionales que lo obligan a tomar medidas para prevenir y sancionar muertes en custodia y evitar ser declarado responsable internacionalmente por la vulneración a derechos humanos.
En ese sentido, la Defensoría también hizo “un urgente llamado al Estado” para que, mediante el Ministerio de Gobierno, Policía Boliviana y Régimen Penitenciario, asuma acciones “prontas y favorables”, principalmente, con el fin de optimizar los sistemas de seguridad y control al interior de los recintos penitenciarios del país.
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